El Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, de 6 de marzo de 2019 razona del siguiente modo: «Al hilo de los razonamientos del auto recurrido y de alguna de las alegaciones de los demandados que han intervenido como apelados es de destacar, en primer lugar, que no parece haber duda de que esta entidad es una sociedad mercantil de nacionalidad sueca, provista del correspondiente número de identificación fiscal y dotada de personalidad  jurídica propia que le capacita para ser titular de créditos y para intervenir en procedimientos judiciales, y, en segundo lugar, que, dado que lo esencial a los efectos aquí tratados no es una relación de índole procesal entre la solicitante y las anteriores titulares del crédito sino la sucesión en la posición sustantiva o relación jurídica que sustenta la legitimación activa de la parte ejecutante, no pueden ser trasladadas a dicha sociedad cualesquiera reservas que pudieran oponerse a las condiciones personales de la anterior titular del crédito y a las restricciones de su capacidad para actuar en juicio que de ellas pudieran derivarse. Por lo tanto, no puede redundar en su perjuicio que ni la propia afectada (que por entonces ya había cedido el crédito) ni la ahora apelante (que ya estaba personada y tenía interesada y en trámite su propia sucesión procesal, folios 87 y 101 del tomo II) hubieran interpuesto en su día recurso de apelación contra el auto de fecha 13 de marzo de 2018 que finalmente denegó la sucesión procesal solicitada por A.L. S.À.R.L., cuya fundamentación jurídica no procede ni es necesario revisar en este momento procesal. No obstante, teniendo en cuenta que dicha fundamentación se reproduce en parte por remisión en el auto ahora apelado bastará con indicar que el simple hecho de que una entidad con nacionalidad extranjera (que no parece ser un patrimonio separado sino que está constituida según todos los indicios bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada a la que comúnmente responde en francés la abreviatura «S.À.R.L.») figure calificada como fondo de titulización en una información publicada por el Banco de España en su página web (…) no constituye base mínimamente suficiente ni para negarle una personalidad jurídica que ya le ha sido reconocida en los instrumentos públicos antes mencionados, en la escritura de apoderamiento, etc. ni para entender que le es aplicable a todo evento y en su integridad la legislación española sobre constitución, estructura y régimen de actuación de tales entidades».