El DO de 15 de abril de 2019 publica la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (España) el 28 de diciembre de 2018 (Asunto C-836/18)

Dicho Tribunal somete al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

• 1) Si la exigencia de que el ciudadano español que no ha ejercido su derecho de circulación haya de cumplir los requisitos del art. 7.1 del Real Decreto 240/2007, como condición necesaria para el reconocimiento del derecho de residencia de su cónyuge extracomunitario conforme al art. 7.2 del citado Real Decreto, puede suponer, en caso de no darse esos requisitos, la vulneración del art. 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea si, a consecuencia de la denegación de ese derecho, el ciudadano español se viera obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto. Todo ello partiendo de que el art. 68 del Código Civil Español establece la obligación de los cónyuges de vivir juntos.
• 2) Si, en todo caso, y al margen y en defecto de lo anterior, vulnera el art. 20 TFUE, en los términos antes citados, la práctica del Estado español de la aplicación de manera automática de la regulación contenida en el art. 7 del R.D. 240/2007, denegando el permiso de residencia al familiar del ciudadano de la Unión y que nunca ha ejercido la libertad de circulación, por la única y exclusiva razón de no cumplir este los requisitos establecidos en ese precepto, sin que se haya examinado concreta e individualizadamente si entre ese ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer país existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, por cualquier razón y habida cuenta de las circunstancias concurrentes, determinara que, en caso de denegarse un derecho de residencia de un ciudadano de un tercer país, el ciudadano de la Unión no pudiera separarse del miembro de la familia del que es dependiente y hubiera de abandonar el territorio de la Unión.Todo ello, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras, la sentencia de 8 de mayo de 2018, C-82/16, K.A. y otros contra Belgische Staat.