Una mera discrepancia con la resolución dictada por el árbitro, discutiendo el fondo de la cuestión planteada no supone infracción del orden público

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 14 de abril de 2018 (Ponente: Susana Polo García) desestima una acción de una anulación contra un laudo arbitral, donde se incluyen, entre otros, los siguientes razonamientos que: “la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el art. 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje” (…). “Este Tribunal no puede entrar a analizar si las conclusiones arbitrales son o no acertadas, solo si se ha vulnerado el art. 24 de la CE , o sí -en base a la jurisprudencia del TJUE y Jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo- se han vulnerado normas imperativas y o principios básicos de inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección que forman parte del ese concepto jurídico indeterminado “orden público económico” (…). Una mera discrepancia con la resolución dictada por el árbitro, discutiendo el fondo de la cuestión planteada por el mismo, ya que del Laudo analizado no podemos llegar a la conclusión de no existe motivación o que la misma es arbitraria, irrazonable o ilógica, ya que la mayor o menor corrección jurídica de los argumentos empleados por el árbitro, no tratándose de un patente error ni infracción de una norma imperativa, y respetando los derechos de defensa, no supone infracción alguna del orden público”.

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