La Comisión Europea ha presentado dos propuestas legislativas para ampliar las capacidades de Frontex y digitalizar los procedimientos de retorno, readmisión y reintegración. Las iniciativas prevén un cuerpo permanente de hasta 30.000 agentes, nuevos instrumentos de coordinación y reacción rápida y una mayor cooperación operativa con terceros países.

Antecedentes

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, presta apoyo desde 2005 a los Estados miembros y a los países asociados a Schengen en la gestión de las fronteras exteriores, la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el retorno de nacionales de terceros países sin derecho de estancia. Con sede en Varsovia, la Agencia facilita el intercambio de información y conocimientos especializados, coordina operaciones y aporta personal y medios técnicos. También contribuye a las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo y desarrolla programas de asistencia a la reintegración en los países de retorno.

El reglamento vigente entró en vigor en 2019. Desde entonces, la actividad de Frontex ha debido responder a las consecuencias de la pandemia, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y los intentos de instrumentalización de la migración en las fronteras exteriores. Según los datos recogidos por la Comisión en la presentación de las propuestas, los cruces irregulares de fronteras se han reducido en más de la mitad durante los dos últimos años y la tasa de retorno supera actualmente el 30 %. Pese a esa evolución, la Comisión considera necesario reforzar los medios europeos de apoyo ante los cambios geopolíticos y las nuevas necesidades de seguridad.

Las propuestas desarrollan los compromisos anunciados en las orientaciones políticas para 2024–2029 y reiterados en el discurso sobre el estado de la Unión de 2026. La protección de las fronteras y la ejecución de las decisiones de retorno continúan siendo responsabilidad principal de los Estados miembros; la reforma pretende dotar a Frontex de mayores capacidades para asistirlos y facilitar una utilización más eficaz de sus recursos.

Ampliación del cuerpo permanente y de los medios operativos

La propuesta de reforma del Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas contempla aumentar progresivamente el cuerpo permanente hasta alcanzar los 30.000 agentes. El incremento combina tres componentes: la ampliación del personal propio de Frontex hasta 6.000 efectivos, los 7.000 agentes aportados por los Estados miembros y una nueva Reserva Europea de Fronteras y Retorno de 17.000 agentes.

Los integrantes de la reserva permanecerán a disposición de los Estados miembros, donde ejercerán sus funciones como guardias de fronteras nacionales, y podrán ser desplegados en operaciones de Frontex cuando resulte necesario. Recibirán formación específica de la Agencia. Conforme a las explicaciones complementarias de la Comisión, el aumento del personal propio y de la reserva se realizará gradualmente durante los próximos dos periodos del marco financiero plurianual, hasta 2041.

La reforma también pretende mejorar el acceso a equipos y tecnologías avanzadas. Frontex podrá adquirir, arrendar y compartir la propiedad de equipos, así como realizar, coordinar o participar en contrataciones conjuntas con los Estados miembros. La Agencia podrá actuar como central de compras, incluidas las adquisiciones de herramientas digitales y de sistemas que incorporen inteligencia artificial. La puesta en común de medios busca facilitar un nivel elevado y homogéneo de control fronterizo y aprovechar capacidades que resultarían difíciles de mantener individualmente.

La dotación financiera deberá acompañar ese refuerzo operativo. Los materiales de la Comisión recuerdan que Frontex dispone de una asignación cercana a 6.000 millones de euros en el marco financiero plurianual 2021–2027 y vinculan la reforma con la propuesta de destinar 11.800 millones a la Agencia durante el periodo 2028–2034. Otras necesidades podrán atenderse mediante instrumentos del presupuesto europeo, entre ellos el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

Mayor coordinación europea de los retornos

Un Centro de Coordinación del Retorno permitirá reunir y analizar información operativa, anticipar necesidades y organizar con mayor eficacia los recursos disponibles. La asistencia de Frontex abarcará las distintas fases del proceso, desde la identificación temprana y el asesoramiento sobre retorno voluntario hasta la ejecución de las operaciones y el apoyo a la reintegración.

Para facilitar la planificación, la propuesta prevé que los Estados miembros comuniquen anualmente a Frontex, a más tardar el 1 de noviembre, sus previsiones indicativas de retorno y sus necesidades de asistencia. El Centro utilizará esa información para coordinar las operaciones y adecuar el apoyo de la Agencia a las solicitudes nacionales. La digitalización de los expedientes y la cooperación con eu-LISA contribuirán a mejorar esa capacidad de previsión.

Una de las principales novedades consiste en permitir que Frontex preste apoyo técnico y operativo a operaciones de retorno desde un tercer país hacia otro. Esa posibilidad requerirá la celebración de un acuerdo específico a escala de la Unión con el país tercero correspondiente y quedará sujeta a las condiciones y salvaguardias previstas, incluido el respeto de los derechos fundamentales y del principio de no devolución.

La ampliación del mandato también se proyecta sobre el Programa de Reintegración de la UE, mediante el cual Frontex ya facilita asistencia posterior a la llegada y apoyo a la reintegración a través de entidades locales. Las prestaciones pueden comprender alojamiento, asistencia médica, orientación laboral, educación, servicios jurídicos o ayuda para iniciar actividades generadoras de ingresos. Según los materiales complementarios, el programa opera en más de cuarenta países terceros y ha registrado cerca de 58.000 personas para recibir apoyo desde su puesta en marcha en junio de 2022.

Respuesta rápida e intercambio de información ante las crisis

La propuesta establece una Fuerza de Reacción Rápida integrada por agentes del cuerpo permanente, formados y equipados para atender necesidades operativas urgentes e imprevistas. Su despliegue podrá ser acordado por el director ejecutivo de Frontex a petición de un Estado miembro que afronte una emergencia, con capacidad para intervenir en plazos muy breves, por ejemplo, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

El despliegue tendrá una duración máxima de un mes. Cuando la situación persista, podrán activarse una operación conjunta o una intervención fronteriza rápida mediante los mecanismos existentes. La Comisión relaciona el nuevo instrumento con la necesidad de extraer enseñanzas de las crisis recientes, incluida la registrada en Ceuta durante 2026.

La detección temprana se reforzará mediante un Centro de Seguimiento y Respuesta en Línea. Frontex contará con un mandato expreso para examinar contenidos de acceso público en redes sociales, identificar acontecimientos relevantes para la gestión de las fronteras exteriores y apoyar las actuaciones frente a contenidos ilícitos relacionados con riesgos para la seguridad fronteriza. Los materiales complementarios prevén que actúe como alertador fiable en el marco del Reglamento de Servicios Digitales, señalando contenidos ilícitos a las plataformas y solicitando, cuando proceda, que las autoridades nacionales dicten órdenes de retirada.

La reforma también mejorará el intercambio de información durante las crisis. Los Estados miembros deberán comunicar en un plazo de veinticuatro horas, a través del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras —EUROSUR—, los acontecimientos que puedan tener repercusiones significativas sobre las fronteras de la Unión.

Digitalización del retorno, la readmisión y la reintegración

Junto con la reforma de Frontex, la Comisión propone un reglamento para digitalizar la gestión de los expedientes de retorno, readmisión y reintegración. La iniciativa se presenta tras la entrada en vigor, el 16 de octubre de 2026, del nuevo Reglamento sobre el Retorno y pretende facilitar su aplicación mediante procedimientos administrativos más ágiles, menores cargas de gestión y un intercambio seguro de información.

La propuesta contempla sistemas europeos para la readmisión y la reintegración que permitan intercambiar datos sobre identificación, documentos de viaje, operaciones de retorno y asistencia posterior a la llegada. El tratamiento digital de los expedientes aprovechará los instrumentos de interoperabilidad existentes, incluidos el Sistema de Información de Schengen y Eurodac, con arreglo a las normas de protección de datos y a los derechos fundamentales.

Frontex dirigirá el desarrollo de la infraestructura digital, mientras que eu-LISA, en cooperación con la Agencia, proporcionará el canal seguro de comunicación entre las autoridades nacionales. La finalidad es facilitar una gestión coordinada de las distintas etapas del proceso y reducir la fragmentación de los sistemas utilizados por los Estados miembros.

Derechos fundamentales y supervisión

El refuerzo del mandato mantiene las exigencias de respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad humana en la planificación y ejecución de las operaciones. La formación previa al despliegue comprende la protección de las personas vulnerables y el uso proporcionado de la fuerza. Los supervisores de derechos fundamentales desarrollan su actividad en las zonas operativas para evaluar el cumplimiento de esas obligaciones.

Los agentes deben comunicar las posibles vulneraciones de derechos y las personas afectadas pueden presentar reclamaciones mediante el mecanismo de quejas de Frontex. La Oficina de Derechos Fundamentales examina las alegaciones y realiza su seguimiento, incluidas las actuaciones relativas a incidentes graves. A esas garantías se añaden los mecanismos independientes de supervisión que los Estados miembros deben establecer para el control del respeto de los derechos fundamentales durante el control previo y los procedimientos fronterizos previstos en el Pacto sobre Migración y Asilo.

Actuaciones futuras

Las dos propuestas deberán ser examinadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión apoyará las negociaciones para avanzar en la adopción de ambos reglamentos. Su aprobación determinará el alcance definitivo del nuevo mandato de Frontex, el desarrollo gradual de sus capacidades y las condiciones de aplicación de los procedimientos digitales de retorno, readmisión y reintegración.