Según un comunicado de la Abogacía general del Estado, la defensa del Reino de España en los arbitrajes internacionales de inversión. A la Abogacía General del Estado le corresponde defender al Reino de España cuando resulta demandado por un inversor sobre la base de un tratado internacional de protección de inversiones que prevea la posibilidad de someter tal controversia a un procedimiento de arbitraje. En las últimas dos décadas España ha sido demandada en cincuenta de estos procedimientos. Desde 2015 se encarga de organizar su defensa el Departamento de Arbitrajes Internacionales, actualmente dependiente de la Subdirección General de la UE y Asuntos Internacionales de la Abogacía General del Estado.
Datos a destacar:
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Una quinta parte han resultado en la completa absolución del Reino de España, consiguiendo evitar condenas por más de 2.700 millones de euros.
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En el resto, la defensa del Reino de España ha conseguido rebajas sustanciales respecto de las cantidades reclamadas, evitando al erario público pagar casi 4.500 millones de euros.
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Los arbitrajes han versado en una parte significativa sobre los cambios en el esquema retributivo de las energías renovables. También han tenido por objeto otras cuestiones relativas al sector bancario, al energético o a infraestructuras.
La Decisión de la Comisión Europea sobre el laudo del asunto Antin c. España.
La Comisión Europea, en línea con la posición sostenida por el Reino de España, en Decisión de fecha 24 de marzo de 2025 (https://lnkd.in/d7kNpaUq), ha finalizado su investigación del laudo arbitral intra-UE ANTIN, concluyendo que este laudo arbitral, que condena a España a pagar una compensación a ANTIN, constituye una ayuda estatal ilegal. En consecuencia, la Comisión ordena a España que no pague voluntariamente ninguna compensación basada en el laudo arbitral y le exige que se defienda frente a cualquier intento de ejecución del laudo.
La Abogacía del Estado, que ha prestado asesoramiento jurídico a lo largo del procedimiento, valora positivamente esta medida, puesto que confirma que la posición que viene sosteniendo España en la oposición al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intra-UE (derivados de arbitrajes iniciados por inversores de un Estado Miembro de la Unión Europea frente a otro Estado Miembro de la Unión Europea) es plenamente coherente con el ordenamiento comunitario.
