El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el 19 de diciembre de 2024 la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que incluye también medios adecuados para solución de controversias, por 179 votos a favor y 168 en contra. Será publicada en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.
Antecedentes
El proyecto de ley fue presentado en marzo de 2024. Habiéndose presentado una enmienda a la totalidad de devolución, se sometió a su debate de totalidad el pasado 11 de julio, quedando esta rechazada, por lo que continuó el texto del Gobierno continuó su tramitación parlamentaria. A la vista del informe de la ponencia, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen el 4 de noviembre. Seguidamente, el 14 de noviembre, el Pleno dio su visto bueno a la iniciativa y la remitió al Senado. La Cámara Alta acordó en su sesión del 4 de diciembre oponer su veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La iniciativa fue vetada por el Senado, pero habiéndose ratificado por el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara Baja, queda levantado el veto, como establece el artículo 90.3 de la Constitución y el artículo 122 del Reglamento del Congreso.
Según la exposición de motivos, el texto “trata de afianzar que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas, que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia”.
Este proyecto de ley orgánica, antes denominado Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, suscribe que es “necesario” para ello “adaptar las estructuras de la Justicia” para “hacer frente a las dificultades en el desenvolvimiento normal de los juzgados y tribunales; para poder superar el enorme reto de ofrecer un servicio público eficiente y justo a la ciudadanía; y, finalmente, para incorporar los valores, de solidaridad y de humanismo entre los que la Justicia es la espina dorsal y el elemento imprescindible de la paz social”.
El proyecto de ley orgánica se estructura en dos títulos. En primer lugar, se contemplan medidas para la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos, mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia y la devolución de los Juzgados de Paz a modernas Oficinas de Justicia en los municipios que busca “dotar al Servicio Público de Justicia de medidas dirigidas a acometer de forma decidida la introducción y potenciación en nuestro ordenamiento jurídico de medios adecuados de solución de controversias alternativos a la jurisdicción” y “afronta la reforma de la legislación que permita la agilización de los procesos judiciales y la mejora de su eficacia”.
Por otro lado, el segundo título aborda las medidas en materia de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia y de tutela judicial colectiva de los derechos de los consumidores y usuarios. El texto plantea así “crear un marco normativo adecuado, integrado y concreto para la protección de los consumidores y usuarios”.
Reforma organizativa para favorecer la especialización y mejorar la gestión de recursos
La norma crea los Tribunales de Instancia, un órgano colegiado que integra todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial, que unificará la respuesta en primera instancia. De esta forma, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 Tribunales, favoreciendo la especialización, la unificación de criterios y permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y compartir recursos.
La ley también crea las Oficinas de Justicia en los Municipios, las cuales serán el punto de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. En ellas se podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática desde allí sin tener que desplazarse a una capital de provincia.
Reforma procesal para agilizar la carga de juzgados y tribunales
La ley incluye modificaciones en materia procesal e impulsa el uso de medios adecuados para la solución de controversias (MASC), con el fin de fomentar la negociación entre las partes, un mecanismo que ya es común en el ámbito social y que el gobierno quiere extender a los campos civil y mercantil..
Esta regulación trata así de evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales, limitando su intervención a aquellas causas donde sean imprescindibles, sin que eso implique una merma de los derechos y las plenas garantías jurídicas de las partes.
