El Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2023 ha acordado autorizar la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994, y disponer su remisión a las Cortes Generales, por el procedimiento de urgencia.
El TCE es un acuerdo multilateral que ofrece un marco de cooperación para el comercio y la inversión en el ámbito de la energía. En la actualidad, el tratado tiene 53 signatarios y partes contratantes, entre ellos la mayoría de los estados miembros de la UE, así como la UE y EURATOM. España lo ratificó mediante instrumento publicado en el BOE, el 17 de marzo de 1998. Transcurridos casi 30 años desde su firma, el objeto del Tratado no se corresponde con la realidad ni con el paradigma energético actual.
La Conferencia Ministerial del TCE de 2019 aprobó iniciar las negociaciones de modernización del tratado en 2020, proponiendo cambios sobre 25 puntos del TCE. Entre ellos, destacan la definición de actividad económica en el sector energético, por sus implicaciones sobre la transición ecológica; así como las disposiciones sobre protección de inversiones y el sistema de resolución de controversias (ISDS), por su repercusión en los arbitrajes energéticos. Para la aprobación del Tratado modernizado por la Conferencia de las Partes se requiere unanimidad.
El Parlamento Europeo ha manifestado en repetidas ocasiones que los estados miembros y la UE y EURATOM deberían abandonar conjuntamente el TCE, ya que pone en peligro las inversiones necesarias para hacer posible la transición energética. Asimismo, la Comisión Europea, desde principios de 2023, ha solicitado al Consejo la retirada de la UE y de EURATOM del TCE, procedimiento que actualmente sigue en curso. Hasta el momento han anunciado su retirada individual los siguientes estados miembros de la UE: Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo.
La permanencia de España en el Tratado de la Carta de la Energía resultaría poco coherente con las políticas energéticas y ambientales aplicadas por este Gobierno, siempre presididas por el objetivo de lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050.
En consecuencia, los ministerios competentes por razón de la materia -el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa- tras discusión en la Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuerdos internacionales, cuya reunión a estos efectos se produjo el 18 de noviembre de 2022, han propuesto la denuncia por el Reino de España del TCE.
