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En una época de controversias complejas y de gran valor económico, hay circunstancias en las que el uso de otros procedimientos alternativos de solución de controversias (ADR) puede ser el más conveniente, teniendo en cuenta los condicionantes y conocimientos técnicos y periciales que son necesarios para la adecuada resolución de la controversia surgida entre las partes. Entre estas alternativas figura el Dictamen de Experto Independiente (DEI), cuyo papel en las controversias de carácter civil y mercantil resulta cada vez más determinante.
La práctica de esta figura consiste en la remisión del caso a un experto, que no tiene por qué ser abogado, al que se le pide que realice una evaluación equilibrada e imparcial de la controversia o que suministre una respuesta en una etapa de ejecución de un contrato. Pero a diferencia de la mediación produce una decisión en principio vinculante. Dicho en otras palabras, la función del experto va más allá de la función del mediador convirtiéndose en un “decisor”, cuya resolución “puede” poner fin al conflicto y en tal caso su misión llega a parecerse a la del arbitraje con una diferencia fundamental: que el dictamen de experto sólo es vinculante contractualmente y si no se lleva a cabo de forma voluntaria, tendrá que ser ejecutada por vía judicial o dará lugar a un arbitraje si existe una cláusula donde se establezca este recurso.
Semejante mecanismo, al margen de ayudar a las partes a poner fin a la controversia es particularmente útil para controversias de valoración o de naturaleza puramente técnica en una variedad de sectores, y puede usarse para una decisión vinculante.
La finalidad principal del DEI es obtener una decisión, en principio, vinculante sobre una cuestión de hecho específica, resultando especialmente útil si la decisión sobre la cuestión de hecho controvertida permite una solución amistosa de un conflicto complejo. Su principal ventaja se proyecta en controversias vinculadas a cuestiones individuales y técnicas más que jurídicas consiste en permitir a las partes ir directamente a quien a la postre va a condicionar el resultado, evitando la intervención de jueces o de árbitros dependientes en muchos casos de un dictamen pericial. Asimismo, este procedimiento puede implementarse en cualquier momento, también en litigios ya existentes.
