Informe sobre «Costos en el arbitraje Inversionista-Estado» elaborado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia (diciembre 2022)

 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, ha publicado un extenso informe sobre «Costos en el arbitraje Inversionista-Estado«

En los dos últimos años Colombia ha acumulado varias decisiones a su favor en materia de arbitraje de inversión extranjera, que son el resultado de la suma de esfuerzos
y de lecciones aprendidas a partir, en cierta parte, de las experiencias de sus vecinos
y de la estrategia interna adoptada para enfrentar ese tipo de controversias internacionales. Los resultados que Colombia tiene para mostrar nos invitan a preguntarnos
acerca del comportamiento de Colombia en temas de costos en un contexto global
y regional pues, entre otras cosas, vale la pena analizar si hay o no diferencias significativas. Este informe tiene como fin mostrar la gestión de la Agencia en el arbitraje
de inversión extranjera considerando distintas aristas.
Sumado al propósito de responder algunas preguntas básicas pero esenciales en
materia de costos, como el costo promedio de costos de parte, de gastos de representación legal o de costos de expertos, el informe apuesta por analizar el comportamiento de costos de Colombia en un contexto latinoamericano e internacional.
Para esos fines, el informe tiene como insumo principal una base de datos propia
con 105 laudos públicos emitidos entre junio de 2017 y diciembre de 2021. Los datos
arrojados por esas comparaciones son insumos valiosos para efectos de entender y
explicar los gastos en los que Colombia incurre ante estos tribunales internacionales,
y con ello marcar diferencias con otros estados en circunstancias similares o, en su
defecto, servirán para hacer ajustes sobre el particular.

El Informe 2022 se basa en una base de datos generada por la Agencia, que incluye 105 laudos públicos emitidos entre junio de 2017 y diciembre de 2021, con el propósito de determinar algunos patrones en la asignación de costes. No obstante, el informe reconoce que existe un margen sustancial de incertidumbre debido a la discrecionalidad de los árbitros a la hora de evaluar la importancia y el impacto de los diferentes criterios de asignación de costes, como (i) el éxito parcial o compartido de las partes; (ii) el porcentaje de daños y perjuicios concedidos en contraste con lo reclamado; (iii) la complejidad de la disputa; (iv) la naturaleza frívola de la reclamación, y (v) las disposiciones del tratado aplicable sobre las asignaciones de costes (si las hubiera).

En el Informe 2022, los costes del arbitraje se definen de la siguiente manera (i) los gastos de las partes, que incluyen los costes de (a) representación legal, y (b) peritos y testigos, cubriendo los gastos de viaje y los gastos de bolsillo (como impresión y correo certificado); y (ii) los costes del tribunal, que abarcan (a) los honorarios y gastos de los árbitros, (b) los costes administrativos del centro de arbitraje, y (c) los costes del secretario y asistente del tribunal.

 

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