Las partes expresaron en su contrato someterse a un «dictamen» y no a un «arbitraje», por tanto corresponde al Juzgado determinar su eventual nulidad (SAP Barcelona 13ª 7 abril 2022)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimotercera, de 7 de abril de 2022 (ponente: Mireia Rios Enrich) revoca la decisión de instancia en cuanto declaró su falta de competencia objetiva. En el contrato objeto de la controversia se incluía un Pacto Sexto con el siguiente tenor:

» la renta de mercado aplicable al contrato de arrendamiento se determinará tomando como referencia locales de las mismas características, uso y situación que el arrendado (es decir de uso hotelero), y de conformidad con lo siguiente:

a) En primer lugar, lo que acuerden las partes.

b) En caso de que las partes no se pongan de acuerdo, cada una de ellas deberá elegir un experto en valoración de inmuebles de similares características para determinar la renta de mercado.

c) En caso de que tampoco se pongan de acuerdo con los informes de los expertos que ambas partes propongan, las mismas acordaron que se someterían al arbitraje del Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, o persona que éste designe, el cual determinará la renta de mercado que correspondería satisfacer, en ese momento, por unos locales de análogas características y uso a precio de mercado».

Este último apartado modificado y aclarado por ambas partes el 17 y 18 de mayo de 2018, fechas en las que se acordó verbalmente y ratificó posteriormente vía mail que sería el Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona o persona que éste designe, quien mediante un dictamen, y no mediante un arbitraje, determinaría en última instancia la renta de mercado del arrendamiento».

Entre otras consideraciones, la presente decisón argumenta lo siguiente:

«(…) De la lectura literal de la cláusula trascrita, parece que las partes quisieron, inicialmente, someter la cuestión a arbitraje, de conformidad con lo previsto en el art. 9 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Aun así, además, del término «arbitraje» en la misma cláusula se indica que el Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, o persona que éste designe, realizará una «peritación» y se habla de «dictamen». El día 17 de mayo de 2018, documento 8 de la demanda, al folio 51, el Letrado de la parte arrendataria D. Joan Anton Flotats i Pesarrodona, remite un correo electrónico a D. Andreu Blay Blanc, Letrado del arrendador, en el que muestra su conformidad en aclarar, según lo previsto en el apartado b.1) del Pacto Sexto del contrato de arrendamiento, que en caso de no alcanzar un acuerdo ambos peritos, el Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona deberá realizar un dictamen y no arbitraje, que será vinculante para ambas partes, a lo que responde el Letrado de la arrendadora D. Andreu Blay Blanc, por correo electrónico de 18 de mayo de 2018, documento 9 de la demanda, al folio 52, en el que manifiesta también su conformidad en aclarar el apartado b.1), del Pacto Sexto del contrato de arrendamiento de … , y dar conformidad a la propuesta acordada, en el sentido de que, en caso que no se alcance un acuerdo de la renta de mercado entre ambos peritos, será el Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona quien mediante un dictamen, y no mediante un arbitraje, establezca la renta de mercado del arrendamiento, y que la decisión que adopte mediante el dictamen el Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona será vinculante para ambas partes y, por tanto, será la renta que regirá el contrato de arrendamiento según lo acordado en dicho Pacto Sexto del contrato. Asimismo, el día 27 de junio de 2018, ambos Letrados presentan una INSTANCIA conjunta al Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, documento 12 de la demanda, al folio 107, solicitando al Iltre. Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona que emita DICTAMEN sobre la renta de mercado respecto de un local de análogas características y uso a los locales sitos en Barcelona, …., de conformidad con lo pactado en los apartados b) y b.1) del Pacto Sexto del contrato de arrendamiento de fecha 1 de mayo de 2009. El día 18 de octubre de 2018, D. Eloy emite INFORME DE VALORACIÓN DE LA RENTA DE LOS LOCALES ARRENDADOS CON ARREGLO AL MERCADO INMOBILIARIO, documento 13 de la demanda, al folio 130. Si examinamos dicho documento, D. Eloy lo denomina «INFORME PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE RENTA», se refiere en todo su contenido a «Informe de valoración» y no tiene formalidad alguna de la que pueda resultar que se trata de un Laudo arbitral. En fecha 4 de febrero de 2019, el Letrado de D. …, CB, envía un burofax a la arrendataria expresando su disconformidad con el informe emitido por D. Eloy , ofreciendo la la emisión de un nuevo informe de valoración, a los folios 144 a 146. Responde la entidad arrendataria H.L.R. S.L. mostrando su disconformidad con el ofrecimiento de plantear un nuevo dictamen, a los folios 146 y 147. Por lo tanto, si bien, inicialmente, de la lectura literal del Pacto Sexto, pudiera desprenderse que las partes pactaron la sumisión de la cuestión litigiosa a Arbitraje, el propio contrato contiene términos contradictorios de los que parece deducirse que el Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, o persona que éste designe, realizará una «peritación» o «dictamen», pero lo determinante es que, de los actos posteriores de las partes, a través de la actuación de sus respectivos Letrados, se desprende que las partes se sometieron a un dictamen o informe pericial para determinar la renta, y no a un arbitraje. Y lo cierto y concluyente es que: a) mediante la Instancia conjunta presentada por ambos Letrados lo que se pidió al Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona fue la emisión de un Informe o Dictamen pericial; b) El informe elaborado por D. Eloy contiene expresiones como «Conforme a la finalidad del Informe, de acuerdo con las premisas y consideraciones realizadas en el mismo, la documentación y comprobaciones precisas de acuerdo con los criterios y método de valoración utilizado, la opinión delque suscribe es…» y » Este es el dictamen que suscribo y emito según mi leal saber y entender y que someto a cualquier otro mejor fundado»; c) De lo anterior resulta que D. Eloy no emitió un Laudo Arbitral sino un Informe o Dictamen pericial; y d) el Informe o Dictamen pericial emitido por el SR. Eloy no sería ejecutable de conformidad con el artículo 517.2.2º de la LEC, a tenor del cual, «Solo tendrán aparejada ejecución: 2º: Los laudos o resoluciones arbitrales firmes». Esto es, tanto del procedimiento seguido por las partes como del contenido del informe emitido, se deduce que el informe cuya nulidad se solicita es un informe o dictamen pericial y no un Laudo arbitral . Por consiguiente, la acción ejercitada en la demanda en la que se pide se declare nulo y, sin efecto el informe emitido por el Sr. Eloy , ex Presidente del Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lleida, de fecha 1 de octubre de 2018, sobre la revisión a la renta de mercado del contrato de arrendamiento suscrito entre la parte demandante y H.L.R.S.L., y efectuado al amparo de lo regulado en el Pacto Sexto, apartado b) y b1) del contrato, es competencia del Juzgado de Primera Instancia. Sentado lo anterior, el art. 465 LEC dispone: «3. Si la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en la primera instancia, el Tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso». De este modo, el Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, en la sentencia de 17 de abril de 2015, nº 198/2015, rec. 611/2013, señala: «La Audiencia Provincial ha dado cumplimiento al art. 465.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual «si la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en la primera instancia, el tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso». Como declara la sentencia de esta Sala núm. 868/2011, de 1 de diciembre , esta norma tiene como finalidad esencial evitarque en un mismo proceso se produzca una cadena de apelaciones y por esta razón se imponeque, declarada la existencia de una infracción procesal en la sentencia dictada en la primera instancia, no proceda la devolución de las actuaciones a la primera instancia paraque se dicte nueva sentencia, sino que sea la Audiencia Provincial quien resuelva sobre las cuestiones que fueron objeto del proceso. Además, nuestra sentencia núm. 578/2003, de 16 de junio , con cita de varias anteriores, declara que los tribunales de alzada tienen competencia no sólo para revocar, adicionar, suplir y enmendar las sentencias de los inferiores, sino también para dictar, respecto de todas las cuestiones debatidas, el pronunciamiento que proceda,que su posición frente a los litigantes ha de ser la mismaque ocupó el órgano «aquo» en el momento de decidir, dentro de los términos en que el debate se desenvolvió, y que la apelación somete al tribunal «ad quem» el total conocimiento del litigio en términos que le faculta para valorar los elementos probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio. Aunque en determinadas ocasiones, de modo excepcional, la aplicación de esta norma puede adecuarse a las circunstancias concretas enque se desarrolla el recurso de apelación, no es este el caso.En la primera instancia se practicó la prueba propuesta por las partes y admitida por el Juzgado. La Audiencia Provincial, como órgano que también es de instancia, tenía plena cognición para valorar tal prueba y revisar el enjuiciamiento hecho en la primera instancia. La previsión de una doble instancia para los procesos civiles (no para todos) no significa que ambas instancias deban entrar en el fondo del asunto, ni que la Audiencia Provincial deba anular las actuaciones y retrotraerlas al momento anterior a que se dictara la sentencia de primera instancia cuando esta, por razones procesales, no haentrado en el fondo del litigio». Por lo expuesto, procede revocar la resolución recurrida, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia y de esta Audiencia Provincial para conocer del presente procedimiento, y, de conformidad con el art. 465 LEC, este tribunal de apelación debe asumir las funciones de instancia, entrar en el fondo y dictar nueva sentencia, resolviendo las pretensiones de las partes, sin reenviar el asunto al Juzgado a quo, sin que ello suponga infracción del principio de la doble instancia».

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