Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores en el marco del Convenio de Lugano II (STJ 6ª 30 septiembre 2021, as. C-296/20)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Sexta, de 30 de septiembre de 2021 (asunto C-296/20: Commerzbank AG) declara que el art. 15, ap. 1, letra c), del Convenio Lugano II, debe interpretarse en el sentido de que esta disposición determina la competencia en el supuesto de que el profesional y el consumidor, partes en un contrato de consumo, estuvieran domiciliados, en la fecha de la celebración de ese contrato, en el mismo Estado vinculado por dicho Convenio y de que un elemento de extranjería de la relación jurídica no surgiera hasta después de la referida celebración, debido al traslado ulterior del domicilio del consumidor a otro Estado vinculado por el mencionado Convenio.

Commerzbank, sociedad alemana, tiene su domicilio social en Fráncfort del Meno (Alemania). Durante el año 2009, E.O., que estaba entonces domiciliado en Dresde (Alemania), abrió una cuenta corriente en una filial de Commerzbank, también establecida en Dresde. Esta le expidió una tarjeta de crédito.

En el año 2014, E.O. trasladó su domicilio a Suiza. Commerzbank había tolerado descubiertos en la cuenta corriente de E.O. En enero de 2015, E.O. quiso extinguir la relación comercial con Commerzbank. La cuenta corriente tenía entonces un saldo deudor por un importe de 6. 283,37 euros. E.O. se negó a reembolsar ese saldo debido a que resultaba del uso fraudulento de su tarjeta de crédito por terceros. Tras requerir varias veces, sin éxito, el reembolso del saldo deudor de que se trata, Commerzbank resolvió, en abril de 2015, con efectos inmediatos, la «relación de crédito» entre las partes y declaró el vencimiento de un saldo deudor a su favor por importe de 4.856,61 euros. Al no haber reembolsado E. O. dicho saldo, Commerzbank ejercitó, en noviembre de 2016, una acción ante el Amtsgericht Dresden (Tribunal de lo Civil y Penal de Dresde, Alemania) con el fin de que se condenara a E. O. al pago del citado saldo. Dicho tribunal declaró la inadmisibilidad de la demanda por considerar que, habida cuenta del domicilio del demandado, situado en ese momento en Suiza, no era competente.

El 14 de junio de 2018, el Landgericht Dresden (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Dresde, Alemania) confirmó en apelación la sentencia de primera instancia. Commerzbank interpuso entonces un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el art. 15, ap. 1, letra c), del Convenio de Lugano II debe interpretarse en el sentido de que determina la competencia en el supuesto de que el profesional y el consumidor, partes del contrato, tuvieran, en la fecha de la celebración de este, su domicilio en el mismo Estado vinculado por dicho Convenio y de que un elemento de extranjería de la relación jurídica no surgiera hasta después de esa fecha, debido al traslado del domicilio del consumidor a otro Estado vinculado por dicho Convenio, o si, en tal supuesto, esa disposición exige la existencia de una actividad transfronteriza por parte de ese profesional ya desde la celebración del citado contrato.

Apreciaciones del Tribunal de Justicia

Y el Tribunal de Justicia responde declarando que la circunstancia de que las partes estuvieran domiciliadas en el mismo Estado en la fecha de celebración del contrato de que se trata en el litigio principal no impide aplicar las disposiciones del título II, sección 4, del Convenio de Lugano II, como el art. 17, ap. 3, de este. De ello se deduce que una interpretación sistemática de las disposiciones del título II, sección 4, del Convenio de Lugano II no exige la existencia de una actividad transfronteriza por parte del profesional desde la celebración del contrato. Entiende el Tribunal de Justicia que contrariamente a lo alegado por la demandante en el litigio principal, es preciso señalar que la regla de la competencia del órgano jurisdiccional del domicilio del consumidor, pese a un eventual cambio de domicilio, no solo es el resultado del proceso de integración normativa, del que las reglas del Convenio de Lugano II constituyen una de las manifestaciones, sino que corresponde también a la regla habitual de la competencia en función del domicilio del demandado, establecida en el art. 2, ap. 1, de dicho Convenio. Considera el Tribunal de Justicia que el órgano jurisdiccional remitente se basa en el informe del Sr. Schlosser sobre el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, para considerar que, en el supuesto de que el consumidor trasladara su domicilio a otro Estado después de la celebración del contrato, la sección 4, titulada «Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores», del título II del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988, denominado «Convenio de Lugano», solo se aplicaría a los casos previstos en el art. 13, párrafo primero, punto 3, de ese Convenio [cuyas disposiciones se reproducen en el art. 15, ap. 1, letra c), del Convenio de Lugano II] si se cumpliesen los requisitos previstos en dicha disposición en el nuevo Estado de residencia. Recuerda el Tribunal de Justicia que el punto 161 del citado informe expone que no se trata de una regla absoluta, sino que puede ser objeto de excepciones. Este punto explicita, en particular, la razón de ser de esta regla, relativa a las dificultades inherentes a la publicidad transfronteriza a efectos de la celebración del contrato. Señala a este respecto que los requisitos relacionados con las tecnologías de comunicación han evolucionado considerablemente desde la publicación de dicho informe. En cualquier caso, si bien el contenido de tal informe puede corroborar o confirmar el análisis de las disposiciones para las que el Tribunal de Justicia debe proporcionar una interpretación, no puede apartarse del tenor literal de sus enunciados.

Concluye el Tribunal de Justicia que del tenor del art. 15, ap. 1, letra c), del Convenio de Lugano II, del contexto de esta disposición y de la finalidad de dicho Convenio se desprende que la aplicabilidad de la citada disposición solo está sujeta al requisito expreso de que el cocontratante profesional ejerza su actividad en el Estado del domicilio del consumidor en la fecha de la celebración del contrato, sin que el posterior traslado del domicilio del consumidor a otro Estado contratante pueda impedir la aplicabilidad de la misma disposición.

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