Conclusiones del Consejo sobre la protección de los adultos vulnerables en el conjunto de la Unión Europea

EL DO C 330 de 17.8.2021 publica las Conclusiones del Consejo sobre la protección de los adultos vulnerables en el conjunto de la Unión Europea. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, de la que son parte tanto la UE como sus Estados miembros, no aborda la discapacidad desde una “perspectiva de vulnerabilidad”, sino más bien con un enfoque basado en los derechos humanos, por lo cual el Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000 sobre Protección Internacional de los Adultos debe aplicarse respetando plenamente la referida Convención. La aplicación de estos dos instrumentos persigue el objetivo común de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. A partir de aquí el Consejo de la UE ha adoptado una serie de conclusiones.

Consideraciones generales

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  1. La Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2021-2030) trata de resolver las diversas dificultades a que se enfrentan las personas con discapacidad, incluidas las personas mayores con discapacidad, y pretende avanzar en la aplicación de todos los ámbitos de la CDPD, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros. La Estrategia indica que la Comisión trabajará con los Estados miembros para aplicar el Convenio de La Haya de 2000 en consonancia con la CDPD.
  2. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 afecta a toda la sociedad, y de manera particular a los adultos que ya eran vulnerables.
  3. El envejecimiento de la población es un fenómeno que afecta a nuestras sociedades, ya que el número y la proporción de personas mayores están aumentando en toda Europa.
  4. Según las previsiones del informe Ageing Report 2021 (Informe sobre el envejecimiento de 2021), publicado por la Comisión Europea el 20 de noviembre de 2020, la población total de la UE registrará una disminución a largo plazo, y su estructura de edad cambiará significativamente en las próximas décadas. Se prevé que la población de la UE disminuya de 447 millones de personas en 2019 a 424 millones en 2070, y que durante este período se produzca un drástico envejecimiento de la población de los Estados miembros debido a la dinámica de la fertilidad, la esperanza de vida y la migración. Se calcula que la edad mediana aumentará cinco años durante las próximas décadas.
  5. Un número significativo de adultos se enfrenta a limitaciones: según Eurostat, se prevé que una quinta parte de la población de la UE tenga algún tipo de discapacidad de aquí a 2050. Muchos de estos adultos son o serán vulnerables y, a causa de los numerosos obstáculos que siguen existiendo para las personas con una discapacidad física o mental grave, no están o no estarán en condiciones de proteger sus propios intereses sin un apoyo adecuado.
  6. Esta situación afecta a la capacidad jurídica de los adultos vulnerables, que se enfrentan a retos y dificultades para proteger sus derechos, defender sus intereses y acceder a la justicia, tanto en situaciones nacionales como transfronterizas. En situaciones transfronterizas, por ejemplo en el caso de los ciudadanos que residen en un Estado distinto del de su nacionalidad, estas dificultades existentes pueden verse agravadas por obstáculos adicionales relacionados con la lengua, la representación o el acceso al sistema judicial y a los servicios públicos en general.
  7. Recordando las Conclusiones del Consejo de 2020 tituladas “Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de la digitalización”, en las que se abordan las necesidades de los adultos vulnerables en lo que respecta al acceso digital a la justicia, la protección de los derechos de estas personas requiere que se preste especial atención a seguir apoyando la mejora de sus competencias digitales y de su acceso a la información.
  8. La libertad de residencia y la libertad de circulación de las personas en la UE son piedras angulares de la ciudadanía de la Unión, y la vulnerabilidad no debe ser un obstáculo para el pleno ejercicio de ningún derecho.
  9. En el cambio de impresiones que mantuvieron durante su reunión informal de 29 de enero de 2021, los ministros de Justicia destacaron la importancia del Convenio de La Haya de 2000 como medio para reforzar la protección de los adultos vulnerables. Los ministros destacaron que, para empezar, habría que aumentar el número de ratificaciones por parte de los Estados miembros. También abordaron la posibilidad de reforzar el marco de la UE para facilitar la libre circulación de las decisiones sobre protección de los adultos vulnerables. En el ámbito del Derecho penal, los ministros subrayaron la necesidad de aplicar mejor el marco jurídico existente a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos por parte de los adultos vulnerables y su protección cuando son víctimas de delitos.

En materia de Derecho civil

  1. En la actualidad, en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, no existen normas de Derecho internacional privado relacionadas con la protección de los adultos vulnerables en situaciones transfronterizas que sean aplicables en el conjunto de la UE, y existen disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección. La diversidad de normas sobre estas cuestiones podría perjudicar a los adultos vulnerables en el ejercicio de su derecho de libre circulación y residencia en el Estado miembro de su elección. También podría constituir un obstáculo para estos ciudadanos a la hora de obtener una protección adecuada en relación con la administración de sus bienes en un contexto transfronterizo.
  2. El derecho de autodeterminación es un derecho fundamental, y los poderes de representación mediante los cuales un adulto ha tomado disposiciones con antelación para su cuidado o representación deben respetarse dentro de la UE.
  3. El Convenio de La Haya de 2000 prevé medidas para la protección en situaciones internacionales de los adultos que, debido a una alteración o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de velar por sus intereses. Este Convenio pretende evitar conflictos entre los sistemas jurídicos de las Partes contratantes en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de las medidas para la protección de los adultos, al tiempo que garantiza la fuerza jurídica en todas las Partes contratantes de los poderes de representación expedidos en una de ellas y establece un mecanismo de cooperación administrativa entre las Partes.
  4. Los adultos vulnerables pueden enfrentarse a importantes dificultades en un contexto transfronterizo dentro de la UE, por ejemplo cuando una decisión de designación de un representante emitida en un Estado miembro debe ser reconocida en otro Estado miembro, o cuando es necesario tomar disposiciones sobre los bienes inmuebles o las cuentas bancarias que estas personas tienen en el extranjero, en muchos casos para garantizar su propia subsistencia.
  5. En la Conferencia de alto nivel sobre el tema “La protección de los adultos vulnerables en Europa – El camino a seguir”, celebrada el 30 de marzo de 2021, algunos oradores destacaron que, si bien es importante adquirir experiencia y evaluar los resultados de la aplicación del Convenio de La Haya de 2000, la UE debería ser más ambiciosa e ir más allá en la labor de aproximación de las normas de Derecho internacional privado a fin de garantizar la protección efectiva de los adultos vulnerables sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

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Conclusiones

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EL CONSEJO PIDE A LOS ESTADOS MIEMBROS:

En materia de Derecho civil y penal

  • que utilicen, en la medida de lo posible, las oportunidades de financiación que brinda el presupuesto de la UE, como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el programa «Justicia» y el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, a fin de definir de forma activa medidas relacionadas con la protección y la promoción de los derechos de los adultos vulnerables, también en el ámbito de las capacidades y la alfabetización digitales;

En materia de Derecho civil

  • que promuevan un mayor conocimiento del Convenio de La Haya de 2000 en los órganos jurisdiccionales y entre los profesionales y todas las partes que intervienen en su aplicación, en particular mediante el intercambio de experiencias y la definición de buenas prácticas, en el caso de aquellos Estados miembros que ya son partes en dicho Convenio;
  • que avancen en los procedimientos de ratificación del Convenio de La Haya de 2000, a fin de ultimar la ratificación lo antes posible, en particular de cara a la próxima reunión de la Comisión Especial sobre este Convenio organizada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, en el caso de aquellos Estados miembros que ya hayan comenzado tales procedimientos;
  • que inicien lo antes posible o impriman impulso a las consultas nacionales sobre una posible adhesión al Convenio de La Haya de 2000, en el caso de los restantes Estados miembros;
  • que se aseguren de que las medidas nacionales de protección de los adultos vulnerables son acordes a la CDPD;

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EL CONSEJO PIDE A LA COMISIÓN:

En materia de Derecho civil

  •  que evalúe posibles medidas para animar a otros Estados miembros a ratificar lo antes posible el Convenio de La Haya de 2000 [España no es Parte del Convenio];
  • que realice un estudio minucioso en el lleve a cabo una reflexión detenida sobre la manera en que la Unión Europea podría reforzar todavía más la protección de los adultos vulnerables en situaciones transfronterizas, evaluando pormenorizadamente las distintas posibilidades;
  • que analice si la Unión Europea podría necesitar un marco jurídico para facilitar la libre circulación de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil sobre la protección de los adultos vulnerables, marco que podría incluir también poderes de representación, y que imprima impulso a los trabajos relativos a las directivas sobre tratamiento médico;
  • que presente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre los resultados del estudio, acompañado, en su caso, de propuestas legislativas;

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