Normas mejoradas para regular las funciones del Defensor del Pueblo en la Unión Europea

El DO L 253 de 17.7.2021 publica el Reglamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento Europeo de 24 de junio de 2021 por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom.

La institución

El defensor del pueblo europeo dirige investigaciones sobre los casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea; interviene tanto por iniciativa propia como sobre la base de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la Unión o por cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. El defensor del pueblo es elegido por el Parlamento Europeo para toda una legislatura

El art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a una buena administración como un derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión. El art. 43 de la Carta reconoce el derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Compete al Parlamento Europeo elegir al Defensor del Pueblo al principio de la legislatura, y por el período que dure esta, de entre personalidades que sean ciudadanos de la Unión y que ofrezcan todas las garantías de independencia y competencia requeridas. También deben establecerse condiciones generales en particular relativas al cese de las funciones del Defensor del Pueblo, a su sustitución, las incompatibilidades, la remuneración y los privilegios e inmunidades del Defensor del Pueblo.

La sede del Defensor del Pueblo es la del Parlamento Europeo, tal como se determina en el artículo único, letra a), del Protocolo nº 6 sobre la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados órganos, organismos y servicios de la Unión Europea, anexo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Protocolo nº 6»).

El Defensor del Pueblo debe alcanzar la paridad de género en la composición de su Secretaría, teniendo debidamente en cuenta el art. 1 quinquies, ap. 2, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión, establecido en el Reglamento del Consejo (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (6) (en lo sucesivo, «Estatuto de los funcionarios»).

Nueva regulación de las funciones

El Parlamento Europeo ha adoptó, tras su aprobación por el Consejo y el dictamen favorable de la Comisión, normas mejoradas para regular las funciones del Defensor del Pueblo. La nueva normativa, aprobada por el Parlamento Europeo por 623 votos a favor, 9 en contra y 61 abstenciones, establece un mandato renovado para el cargo del Defensor del Pueblo Europeo.

Las nuevas normas adaptan el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo al Tratado de Lisboa.

Para garantizar que esos derechos sean efectivos y mejoren la capacidad del Defensor del Pueblo de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales, y de este modo sustentar la independencia del Defensor del Pueblo de la que ello depende, la persona que ejerza el cargo debe disponer de todos los instrumentos necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo mencionadas en los Tratados y en el presente Reglamento. El establecimiento de las condiciones en las que puede presentarse una reclamación al Defensor del Pueblo debe respetar el principio de acceso pleno, gratuito y fácil, teniendo debidamente en cuenta las restricciones específicas derivadas de los procedimientos judiciales y administrativos.

El Defensor del Pueblo debe actuar teniendo debidamente en cuenta las competencias de las instituciones, órganos y organismos de la Unión que sean objeto de sus investigaciones. Por esa razón en la UE se consideró necesario establecer los procedimientos que habrán de seguirse en el supuesto de que las investigaciones del Defensor del Pueblo pongan de manifiesto casos de mala administración.

Con el fin de reforzar el papel del Defensor del Pueblo y promover las mejores prácticas administrativas en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, éste debe

  • presentar un informe exhaustivo al Parlamento Europeo al término de cada período de sesiones;
  • tener derecho a incluir, en ese informe anual, una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas;
  • llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia siempre que encuentre motivos, y en particular en casos reiterados, sistémicos o especialmente graves de mala administración;.
  • poder contar con todos los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones.

A tal fin, las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben suministrar al Defensor del Pueblo toda la información que este solicite a efectos de una investigación. Cuando el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo requiera que se le facilite información clasificada que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos de la Unión o de las autoridades de los Estados miembros, el Defensor del Pueblo debe poder acceder a dicha información, a condición de que se garantice el cumplimiento de la normativa para su protección.

Tanto el Defensor del Pueblo como su personal deben estar sujetos a la obligación de discreción en lo que respecta a toda información que se les comunique en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la obligación del Defensor del Pueblo de informar a las autoridades de los Estados miembros de aquellos hechos que puedan guardar relación con delitos y de los que tenga noticia en el marco de una de sus investigaciones. El Defensor del Pueblo debe poder informar asimismo a la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate acerca de hechos que cuestionen el comportamiento de algún miembro de su personal. La obligación del Defensor del Pueblo de tratar confidencialmente toda información obtenida en el ejercicio de sus funciones debe ser sin perjuicio de la obligación del Defensor del Pueblo de desempeñar su trabajo de la forma más abierta posible con arreglo al art. 15, ap. 1, del TFUE. En particular, a fin de ejercer debidamente sus funciones y sustentar sus conclusiones, el Defensor del Pueblo debe poder hacer referencia en sus informes a cualquier información accesible al público.

Cuando sea necesario para el ejercicio eficaz de sus funciones, el Defensor del Pueblo debe tener la posibilidad de cooperar e intercambiar información con las autoridades de los Estados miembros, de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión aplicable, y con otras instituciones, órganos u organismos de la Unión, de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable.

Corresponde al Defensor del Pueblo adoptar las normas de desarrollo del presente Reglamento previa consulta al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión Europea. A falta de un dictamen de estas instituciones en el plazo fijado razonablemente por el Defensor del Pueblo con antelación, este puede adoptar las correspondientes normas de desarrollo. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y las normas más estrictas en el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, se establece en el presente Reglamento el contenido mínimo de dichas normas de desarrollo.

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