Mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión

El Diario Oficial de 18 de diciembre de 2019 publica la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión.

Con la presente Directiva se pretende modificar cuatro directivas de la UE que protegen los intereses económicos de los consumidores. La mayoría de las modificaciones se refieren a la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales y la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores. Las otras dos Directivas (la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos y la Directiva 98/6/CE sobre indicación de los precios 4 ) se modifican únicamente en lo que atañe a las sanciones.

Los Tratados (arts. 114 y 169 del TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales (art. 38) exigen un alto nivel de protección de los consumidores en la Unión. La legislación de la Unión en materia de consumo contribuye asimismo al correcto funcionamiento del mercado interior. Su objetivo es garantizar que las relaciones entre las empresas y los consumidores sean justas y transparentes, lo que, en última instancia, promueve el bienestar general de los consumidores europeos y la economía de la Unión.

En este contexto, la presente Directiva responde al control de adecuación de la legislación de la UE (REFIT) en materia de protección de los consumidores y comercialización, publicado el 23 de mayo de 2017 y a la evaluación de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores (DDC), que se llevó a cabo paralelamente a dicho control y se publicó ese mismo día.

En el control de adecuación y la evaluación de la DDC se concluyó que las normas sustantivas de la UE en materia de consumo incluidas en las cuatro Directivas, que ahora se modifican, era adecuadas en general para el fin que perseguían. No obstante, en los resultados se subrayó asimismo la importancia de aplicar y hacer cumplir mejor las normas, y de modernizarlas, en consonancia con la evolución en curso en el ámbito digital. También se incidió en la relevancia de atenuar la carga normativa en algunas áreas.

Las recientes infracciones transfronterizas de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores y, en particular, el escándalo del «Dieselgate» (en el que ciertos fabricantes de automóviles instalaron en los vehículos herramientas tecnológicas para superar de manera fraudulenta las pruebas de emisiones) han otorgado mayor importancia a las conclusiones de la evaluación. Tales infracciones socavan la confianza de los consumidores en el mercado único. Han suscitado además un debate sobre si la UE cuenta con mecanismos suficientemente sólidos para abordar tales cuestiones, garantizar el cumplimiento de las normas de protección de los consumidores y ofrecer una reparación a las víctimas.

Con la Directiva se pretende efectuar las mejoras que se esbozan a continuación.

  • Sanciones más efectivas, proporcionadas y disuasorias para infracciones transfronterizas generalizadas.
  • Derecho a medidas correctoras individuales para los consumidores.
  • Más transparencia para los consumidores en los mercados en línea.
  • Además, los consumidores que utilizan aplicaciones digitales como mercados en línea, herramientas de comparación, tiendas de aplicaciones o motores de búsqueda esperan obtener resultados de búsqueda «naturales» u «orgánicos» basados en la pertinencia respecto a sus consultas, y no en el pago efectuado por terceros.
  • Ampliación de la protección de los consumidores respecto a los servicios digitales.
  • Eliminar cargas para las empresas, mediante la concesión a los comerciantes de una mayor flexibilidad en la elección del medio de comunicación con los consumidores más adecuado.
  • Aclarar la libertad de los Estados miembros para adoptar normas sobre determinadas formas y aspectos de las ventas fuera del establecimiento.
  • Aclarar las normas sobre la comercialización engañosa de productos de «calidad dual».

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