La Comisión Europea adopta una decisión de adecuación relativa a Japón, lo que crea la mayor área mundial de flujos de datos seguros

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La Comisión ha adoptado el 23 de enero de 2019 una decisión de adecuación relativa a Japón, permitiendo que los datos personales fluyan libremente entre las dos economías sobre la base de garantías sólidas de protección. Este es el último paso del procedimiento iniciado en septiembre de 2018, que incluía el dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos y el acuerdo de un comité compuesto por representantes de los Estados miembros de la UE. La decisión entra hoy en vigor, al igual que la decisión equivalente adoptada hoy por Japón. Esta decisión de adecuación crea la mayor área mundial de flujos de datos seguros. Antes de la adopción de la decisión de adecuación por parte de la Comisión, Japón ya había establecido salvaguardias adicionales para que los datos transferidos desde la UE disfruten de garantías conformes a las normas europeas.

Las decisiones de adecuación también complementan el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón, que entrará en vigor en febrero de 2019. Las empresas europeas se beneficiarán de la libre circulación de datos con este socio comercial clave, así como de un acceso privilegiado a los 127 millones de consumidores japoneses. La UE y Japón afirman que, en la era digital, pueden y deben ir de la mano el fomento del comercio internacional y la promoción de normas estrictas en materia de privacidad y protección de datos personales. La decisión de adecuación, así como la decisión equivalente adoptada por Japón, ha entrado inmediatmente en vigor. Transcurridos dos años, se llevará a cabo una primera revisión conjunta para evaluar el funcionamiento del marco. Esto abarcará todos los aspectos de la constatación de adecuación, incluida la aplicación de las normas adicionales y las garantías en lo relativo al acceso de los poderes públicos a los datos. Los representantes del Comité Europeo de Protección de Datos participarán en la revisión relativa al acceso a los datos a efectos de los procedimientos penales y de la seguridad nacional. Posteriormente, se llevará a cabo una revisión al menos cada cuatro años.

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