El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, de 5 de septiembre de 2018 desestima un recurso de reposición que denegó una declinatoria de jurisdicción con la siguiente consideración: «alega la recurrente no haber sido resueltas las causas que justifican la falta de jurisdicción de este juzgado, en particular, la aplicación del art. 7.2º del Reglamento 1215/2012. El auto recurrido no sustenta la falta de aplicación de dicho precepto en el ámbito de aplicación del propio Reglamento, sino en el ámbito objetivo del precepto: éste no establece, como parece deducirse del escrito de declinatoria, un fuero imperativo, al modo de los previstos en el art. 52 LEC. El art. 7 del Reglamento permite, como excepción a la regla general del art. 4.1º, demandar a una persona domiciliada en un Estado miembro ante los tribunales de otro Estado miembro en los casos determinados que contempla. No se establece un fuero imperativo por razón de ocurrencia de los hechos para casos determinados, sino la posibilidad del demandante de presentar la demanda en los tribunales del lugar en que ocurrieron determinados hechos, aunque el demandado no esté domiciliado en dicho Estado miembro. No se considera aplicable, por tanto, dicho precepto al presente caso ya que difiere del presente supuesto de hecho. Así, tal precepto únicamente serviría para afirmar la jurisdicción de un tribunal ante el que se hubiese presentado la demanda dirigida frente a un nacional de un Estado miembro distinto, pero no para negar la jurisdicción del tribunal ante el que se ha presentado. Conforme al art. 51.1º LEC, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio, salvo que la ley disponga otra cosa, y el art. 7.2 del Reglamento 1215/2012, permite pero no impone demandarlas en otro sitio distinto para casos determinados. En consecuencia, se confirma la resolución recurrida por considerar que el presente juzgado posee jurisdicción para conocer de la demanda presentada».