El Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán, ha comparecido el 17 de octubre de 2018 en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe Anual 2017 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP). Entre otras cuestiones, el Defensor del Pueblo se ha referido a los Centros de Internamientos de Extranjeros. De acuerdo con el informe en 2017 se visitaron todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) salvo el de Valencia, que permaneció cerrado gran parte del año. A juicio del MNP, es preciso abordar con carácter urgente una reforma integral del sistema de internamientos en España en los CIE. Fernández Marugán ha criticado el automatismo de un sistema que, en su opinión, va de la patera a la detención y de ahí a un CIE. Además, ha enumerado las carencias detectadas en los CIE entre las que se encuentran instalaciones inadecuadas y deficiencias en la asistencia sanitaria, social y jurídica. Para el Defensor del Pueblo los CIE existentes o los de nueva creación deberían contar con infraestructuras idóneas, ajustando su tamaño al número de personas que se calcula que van a ser expulsadas y disponer de personal especializado para atender las personas migrantes internadas en estos centros. En su opinión, el modelo actual es ineficiente y contrario a la finalidad que tiene atribuida legalmente ya que el internamiento ha acabado siendo una fórmula para contener la entrada irregular por las costas. El Defensor también ha propuesto estudiar alternativas al internamiento como el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados o el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores. Otra cuestión que preocupa al Defensor del Pueblo es qué ocurre con estas personas una vez que abandonan el CIE. En opinión del MNP, habría que seguir los pasos de otros países europeos para que las personas que no han podido ser repatriadas ostenten algún tipo de estatus que les permita mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia».
