La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa pide a España que prohíba las devoluciones en caliente

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En una Carta de 20 de noviembre de 2018 dirigida a los presidentes del Congreso y del Senado la Comisaria de Derechos humanos del Consejo de Europa la comisaria de DDHH del organismo, Dunja Mijatovic muestra  la inmensa preocupación que suscita en Estrasburgo la Ley de Seguridad Ciudadana española, conocida también como “Ley mordaza” y, en concreto, las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que desearía ver prohibidas de forma “explícita”. Pero deja claro que también le preocupan enormemente otras disposiciones de la controvertida ley aprobada en 2015 y que, según Mijatovic, pueden fragilizar de manera sustancial libertades fundamentales amparadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos como son la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. La comisaria considera que la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana que enmendó la Ley de Extranjería legalizando la devolución a Marruecos de manera inmediata a los inmigrantes que salten la valla en Ceuta y Melilla, “no proporciona garantías claras contra las devoluciones y las expulsiones colectivas” de personas migrantes. Tampoco ofrece “garantías adecuadas” al derecho de toda persona a solicitar asilo “independientemente de la forma en que lleguen a territorio español”, agrega. En este sentido, Mijatovic aconseja “encarecidamente” que se proporcione “sin demora” a la Guardia Civil “una orientación clara y obligatoria sobre cómo actuar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos al interceptar a los migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla”. Dicha guía, debería incluir una “prohibición explícita” de las devoluciones en caliente y debería “resaltar” las garantías procesales que deben respetarse, “incluido el derecho a ser identificado, a evaluar las necesidades de protección internacional, acceso a un intérprete, a un abogado y asistencia médica según corresponda; y un recurso efectivo para impugnar cualquier violación de la Convención Europea de Derechos Humanos de la que las personas afectadas podrían alegar ser víctimas”.

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