La Comisión ha publicado el 19 de julio de 2018 una serie de orientaciones para ayudar a los inversores de la UE a hacer valer sus derechos ante las administraciones y los órganos jurisdicciones nacionales y ayudar a los Estados miembros a proteger el interés público de conformidad con la legislación de la UE.

• Potenciación de la inversión en el mercado único de la UE: La presente comunicación tiene como objeto consolidar el entorno empresarial para los inversores de la UE. Se trata de un elemento crucial para potenciar la inversión en el mercado único de la UE. El Derecho de la Unión no resuelve todos los problemas a los que pueden enfrentarse los inversores en sus actividades. No obstante, la Comunicación precisa que el Derecho de la UE protege los derechos de los inversores de la UE y que los inversores pueden hacer valer estos derechos ante las administraciones y los órganos jurisdiccionales nacionales. Los inversores de la UE ya no pueden confiar en los tratados bilaterales de inversión (en lo sucesivo, «TBI internos de la UE»). Como la Comisión ha declarado reiteradamente, estos tratados son ilegales porque se solapan con las normas del mercado único de la UE y discriminan entre inversores de la UE. En una sentencia reciente (en el asunto Achmea), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que el arbitraje inversor-Estado en los TBI internos de la UE es ilegal. A raíz de esta sentencia, la Comisión ha intensificado su diálogo con todos los Estados miembros, pidiéndoles que tomen medidas para poner fin a los TBI internos de la UE.
•  La libre circulación de capitales, bienes, servicios y trabajadores en el mercado único de la UE es una de las libertades fundamentales de las personas en la UE. Confiere a las empresas y a los ciudadanos el derecho a crear una empresa, invertir en una compañía y ofrecer bienes y servicios a través de las fronteras europeas. Los inversores de la UE están también protegidos por los principios generales de no discriminación, proporcionalidad, seguridad jurídica y confianza legítima. La legislación de la UE reconoce igualmente derechos fundamentales como la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Las normas de la UE que protegen a los inversores se encuentran en el Tratado de la Unión Europea, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los principios generales del Derecho de la Unión y en una amplia legislación sectorial específica.
• El arbitraje entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro es incompatible con el Derecho de la UE, en particular en el marco de los «TBI internos de la UE», como ha dictaminado recientemente el Tribunal de Justicia en la sentencia en el asunto Achmea. En dicho asunto, el Tribunal de Justicia consideró que las cláusulas arbitrales entre inversionistas y Estados en los tratados de inversión bilaterales de la UE no son compatibles con el Derecho de la Unión y no tienen efectos jurídicos. La sentencia Achmea también es pertinente para la aplicación del Tratado sobre la Carta de la Energía entre Estados miembros de la UE. Según la Comisión, este Tratado no puede utilizarse como base para la resolución de litigios entre los inversores de la UE y los Estados miembros de la UE. El Derecho de la UE ya ofrece un marco jurídico general y eficaz, que incluye vías de recurso, a los inversores de la UE cuando invierten en otro Estado miembro.
• Al mismo tiempo, el Derecho de la UE permite la regulación de los mercados para perseguir intereses públicos legítimos como la seguridad pública, la salud pública, los derechos sociales, la protección de los consumidores o la preservación del medio ambiente, lo que podría tener consecuencias negativas para los inversores. Las autoridades públicas de la UE y de los Estados miembros tienen el deber y la responsabilidad de proteger la inversión y de regular los mercados. Por lo tanto, la UE y los Estados miembros pueden tomar medidas legítimas para proteger esos intereses. Sin embargo, solo pueden hacerlo en determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones, y de conformidad con el Derecho de la UE.

La presente comunicación pretende contribuir a evitar que los Estados miembros adopten medidas que vulneren las normas de la UE y a ayudar a los inversores a hacer valer sus derechos ante las administraciones y los órganos jurisdiccionales nacionales. También ayudará a los profesionales de la justicia a aplicar las normas de la UE.