Propuesta de modernizar y digitalizar de la cooperación judicial en materia civil en la UE

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La Comisión ha propuesto el 31 de mayo de 2018 la cooperación judicial en asuntos civiles y mercantiles de ámbito transfronterizo en toda la UE con el objeto de lograr que el acceso a la justicia civil sea más fácil, barato y eficiente para los ciudadanos y las empresas. Las propuestas obligarán a los órganos jurisdiccionales a intercambiar los documentos por vía electrónica y fomentarán el uso de la videoconferencia para oír a testigos que residan en otro país. Con ello se trata de facilitar los 3,4 millones de procesos judiciales civiles y mercantiles de ámbito transfronterizo. Cada vez son más las personas que viven, estudian y trabajan en otros países de la UE, y las empresas se expanden a través de las fronteras. Esta propuesta les dará un acceso más rápido y asequible a la justicia transfronteriza. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2018 constató que en algunos países se sigue haciendo un uso limitado de las herramientas de TIC (véase el comunicado de prensa). En más de la mitad de los Estados miembros la presentación de demandas por vía electrónica es limitada o inexistente. Una encuesta reciente sobre el uso de las TIC entre los órganos jurisdiccionales y los abogados indica que las herramientas de TIC se utilizan ampliamente en 12 de los 22 Estados miembros que participaron en la encuesta y que el año pasado estas herramientas pasaron a ser obligatorias en varios Estados miembros. Las propuestas actualizarán el Reglamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007 , relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil ( notificación y traslado de documentos el Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil

Las normas actualizadas:

  • Obligarán a los órganos jurisdiccionales a realizar los intercambios transfronterizos de documentos por vía electrónica – En la actualidad, en un asunto transfronterizo, los sistemas judiciales de los Estados miembros implicados envían los documentos por correo postal, lo que resulta lento y entraña ciertos costes. Pasar de las comunicaciones en formato papel a las comunicaciones por vía electrónica podría suponer un ahorro anual aproximado de entre 30 y 78 millones de euros en el conjunto de la UE.
  • Establecerán un recibo de retorno uniforme para los documentos enviados por correo a personas y a empresas ­– Actualmente hay muchos problemas con la recepción de documentos transfronterizos, ya que los recibos de retorno varían y a menudo no se cumplimentan correctamente. Se estima que con esta mejora podrían ahorrarse cada año más de 2,2 millones de euros.
  • Fomentarán el uso de la videoconferencia – Esto facilitará que las personas sean oídas sin obligarlas a desplazarse a otro país. La videoconferencia facilitará este proceso y permitirá ahorrar. El coste de una comparecencia transfronteriza de una parte o de un testigo realizada por videoconferencia es de unos 100 euros, frente a los 400 y 800 euros de una comparecencia presencial.
  • Reforzarán los derechos procesales de las partes y el acceso a la justicia – Las normas reforzarán los derechos de defensa, por ejemplo, aclararán cuándo y cómo pueden ejercer los ciudadanos el derecho de negarse a aceptar un documento. La digitalización de la justicia y el uso de las tecnologías en el ámbito transfronterizo harán que la justicia sea más eficiente y abaratarán su coste para las personas.

Las normas previstas por el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos podrán aplicarse también a diversos procedimientos extrajudiciales, por ejemplo en los casos de sucesión formalizados ante notario o en los casos de Derecho de familia formalizados ante un organismo público.

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