Competencia de los tribunales españoles a partir de lo dispuesto en un conocimiento de embarque

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El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de La Plana, Sección Tercera, de 23 mayo de 2017 estima en parte un recurso de apelación formulado contra un Auto dictado del Juzgado que había declarado su falta de jurisdicción. Entre otras consideraciones, la Audiencia afirma que “el conocimiento de embarque que regula el transporte marítimo (arts. 246 y ss Ley 14/2014, de 24 de junio, de Navegación Marítima ) en relación con el cual se ha formulado la reclamación obra a los folios 18 y siguientes y la cláusula en que se funda la cuestión de competencia y, en definitiva, la decisión judicial de instancia ahora controvertida es la epigrafiada como ‘4. Law and jurisdiction‘ (…) ‘Ley y Jurisdicción. Las controversias que surjan de o en conexión con este conocimiento de embarque se determinarán exclusivamente por los tribunales y de acuerdo con la ley del lugar donde el porteador tiene su principal lugar de negocios, como se indica la página uno, salvo lo dispuesto aquí en otra parte’. (…), por lo que con arreglo a dicha cláusula, integrada con estos datos, las partes se someten a los tribunales de Rotterdam. Aduce la apelante que la cláusula de expresa sumisión transcrita se refiere únicamente a las controversias que tengan relación con el conocimiento de embarque, mientras que la reclamación planteada en este procedimiento no se refiere en puridad a éste, sino a los perjuicios ocasionados por la demora en la descarga de la mercancía en el puerto de destino, que achaca a las demandadas. Carece de virtualidad esta alegación. Entendemos que la mención en la repetida cláusula a las controversias que surjan o en conexión (arising out of or in connection) con el conocimiento de embarque no se refiere únicamente a las que tengan su origen en la aplicación o interpretación del mentado documento, como parecer entender la recurrente; así podría ser si la referencia fuera únicamente a las diferencias “que surjan” del mismo. Pero la expresión “o en conexión” es más amplia y entendemos que abarca toda controversia, litigio o diferencia que se provoque en el ámbito del transporte contratado. Y no cabe duda de que la reclamación de una indemnización por la demora en la descarga no es extraña a dicho transporte marítimo. El día 20 de diciembre de 2012 se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) núm. 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que entró en vigor el 10 de enero de 2015 y cuyo contenido, esencialmente su art. 25, ha servido de base al juez de instancia para dictar la resolución apelada, al ser de fecha posterior la incoación del procedimiento, sin que este extremo haya sido cuestionado en el recurso”.

Ámbito de aplicación temporal del Reglamento CE nº 1215/2012: continuación de la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia extranjera conforme al Reglamento CE nº 44/2001

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El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana, Sección Tercera, de 1 de diciembre de 2017 estima el recurso de apelación  contra un Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vinaròs y acuerda la continuación de la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia extranjera conforme al trámite establecido en el Reglamento CE nº 44/2001. De conformidad con la Audiencia  “aun cuando el art. 80 del Reglamento CE nº 1215/2012 establece de forma expresa que queda derogado el Reglamento anterior, que es el nº 44/2001, lo cierto es que previamente se establecía una excepción a dicha derogación para supuestos que incluían en cuanto ahora interesa que se trate de acciones judiciales ejercitadas antes del 10 de enero de 2015, que es el caso que nos ocupa donde según consta la demanda origen de las resoluciones cuyo reconocimiento y ejecución se pretenden fue presentada en fecha 3 de septiembre de 2008. Siendo de aplicación el Reglamento CE nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y examinando los documentos que se han acompañado a la demanda podemos apreciar que con la misma se ha aportado además de las tres resoluciones cuya ejecución se pretende, con sus traducciones correspondientes, la certificación a que se refiere el 54 del mismo, que coincide con el anexo 5 y del que puede conocerse su contenido sin necesidad de traducción toda vez que los conceptos que incluye se encuentran en idioma español en el citado anexo y lo que se ha rellenado son los datos de las partes, procedimiento y resoluciones dictadas. Debemos recordar en este sentido que de acuerdo a lo establecido en el art. 55 Reglamento CE nº 44/2001, y aun cuando no se presente la certificación que hemos mencionado y que en este caso sí que se ha aportado se puede dispensar de su presentación, si se dispusiera de suficiente información, y que la traducción de los documentos se debe presentar únicamente cuando se exija, no entendiendo que en el presente supuesto deba aportarse respecto a la certificación mencionada. Procede por todo ello y en definitiva estimar el recurso de apelación en el sentido solicitado y acordar la continuación de la tramitación del procedimiento de ejecución de Sentencia extranjera conforme al trámite establecido en el Reglamento CE nº 44/2001, revocando la resolución recurrida”.

La concreción cuantitativa de las costas integra la ejecución y por lo tanto debe ser llevada a cabo por la jurisdicción, no por el árbitro

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El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Tercera, de 11 de diciembre de 2017, estima parcialmente un recurso de apelación y, en consecuencia, la oposición a la ejecución de un laudo arbitral solicitada al amparo del art. 44 LA. La Audiencia coincide con la resolvente de instancia en que la cantidad reclamada por costas es líquida, pues está cuantificada, pero considera que no es exigible sin la previa tasación en legal forma y con arreglo al procedimiento establecido en la norma procesal, pues de otro modo se dejaría al libre arbitrio de una de las partes la fijación del monto de dicha partida, enunciada en la resolución arbitral, pero falta de cuantificación. Para la Audiencia “a la vista de algunas de las alegaciones del recurso, dejamos dicho desde ahora que, una vez que el laudo establece que la cooperativa ha de pechar con la totalidad de las costas, estableciendo una clara obligación, la concreción cuantitativa de las mismas integra la ejecución y por lo tanto debe ser llevada a cabo por la jurisdicción, no por el árbitro, con arreglo a lo que dispone el art. 44 LA”.