El Parlamento Europeo decidió el 21 de enero de 2026 solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que evalúe si el acuerdo UE-Mercosur es conforme con los tratados de la UE.
Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, el Parlamento Europeo adoptó una resolución solicitando un dictamen jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo. Una segunda resolución, que también exigía una evaluación jurídica, fue rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.
La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que ha decaído una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.
«Todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo. Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace», ha celebrado tras la votación la copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry. La iniciativa fue presentada a la sesión con el respaldo de eurodiputados de hasta cinco familias políticas.
«Esta votación envía un claro mensaje a la Comisión y al Consejo: Europa no puede seguir sacrificando a sus agricultores, su salud y su clima ante el altar del libre comercio», ha dicho poco después la eurodiputada de los Verdes europeos encargada del dosier, Saskia Bricmont.
Desde el Partido Popular Europeo (PPE), su portavoz para asuntos comerciales, el eurodiputado Jörgen Warborn, ha criticado la decisión por considerar que responde más a razones «políticas» que legales, en un intento por «bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia».
Con esta decisión, el TJUE deberá examinar tanto la base jurídica del acuerdo de asociación (EMPA, por sus siglas en inglés) como el acuerdo interino comercial (ACI), cuya competencia recae en exclusiva en la Unión Europea, por lo que la Eurocámara esperará a conocer la posición del Tribunal con sede en Luxemburgo antes de someter a votación de su pleno la aprobación o no del acuerdo, aunque nada impide a los eurodiputados avanzar en los trabajos de análisis.
Aunque con este paso queda en suspenso el proceso de ratificación del acuerdo, formalmente la Comisión Europea puede aún seguir adelante con la aplicación provisional de la parte comercial, según explican a Europa Press fuentes europeas, una vez que al menos un país del lado de Mercosur complete su proceso interno de adopción.
La Comisión Europea –cuya presidenta, Ursula von der Leyen, viajó el pasado domingo a Paraguay para suscribir el pacto comercial y lo ha defendido este mismo miércoles ante el pleno como un momento «histórico»– se ha limitado a decir tras el voto que lamenta la decisión y que analizará la situación antes de pronunciarse más en detalle.
El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha dicho en una rueda de prensa que a ojos de Bruselas la motivación de la Eurocámara para acudir al TJUE «no está justificada», en tanto que se han tomado medidas a nivel europeo para atender las preocupaciones y dudas que apuntan los eurodiputados.
Dudas sobre su encaje legal
Entre los asuntos que la Eurocámara pedirá aclarar al Tribunal de Luxemburgo figura el mecanismo llamado de reequilibrio que permite a los países de Mercosur impugnar la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones, ante las dudas de los eurodiputados de que colisione con la autonomía reguladora de la Unión Europea y sus Tratados y pueda debilitar la fortaleza normativa del bloque.
También cuestionan los poderes de la Comisión Europea a la hora de decidir fragmentar el acuerdo en dos pactos, uno más político y de cooperación y otro comercial, porque consideran que fue una estrategia para allanar su firma, dado que la parte comercial sólo requiere de ratificación europea –no nacional– para entrar en vigor de manera provisional.
Con este movimiento, además, Bruselas pudo esquivar el requisito de unanimidad y obtener la luz verde de los Veintisiete para firmar el pacto comercial el pasado domingo en Asunción; gracias a un mandato aprobado por mayoría cualificada y pese al ‘no’ de media docena de países, entre ellos Francia, Irlanda y Polonia. El Gobierno francés, de hecho, ya ha celebrado el paso dado por la Eurocámara porque considera que se alinea con lo defendido por París.
Actuaciones futuras
El fundamento jurídico del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (APEM) y del Acuerdo Comercial Interino (ATI) será revisado por el TJUE. El Parlamento Europeo continuará examinando los textos a la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE. Solo entonces, el Parlamento podrá votar para aprobar o rechazar el Acuerdo.
