El DO L, 2025/2360, 26.11.2025 publica la Directiva (UE) 2025/2360 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2025, relativa a la vigilancia y la resiliencia del suelo, (Directiva de vigilancia del suelo), el primer marco legislativo integral de la Unión Europea destinado a evaluar, controlar y reforzar la salud del suelo en todo el territorio de la Unión. La nueva norma responde al avance acelerado de la degradación del suelo —que afecta aproximadamente al 60-70 % de los suelos europeos— y establece un sistema armonizado de seguimiento, criterios comunes para definir el buen estado del suelo y mecanismos claros para la gestión de terrenos contaminados.

La Directiva nace como pieza central del Pacto Verde Europeo y da cumplimiento a los compromisos de la UE en materia de biodiversidad, neutralidad climática y protección de los recursos naturales, alineándose con la Estrategia de Protección del Suelo para 2030, el Plan de Acción “Contaminación Cero”, la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Su objetivo a largo plazo es lograr que los suelos europeos estén sanos a más tardar en 2050, garantizando su capacidad para sostener ecosistemas esenciales, filtrar agua, almacenar carbono, producir alimentos seguros y reforzar la resiliencia frente a sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.

Obligaciones de los Estados miembros

El nuevo marco obliga a los Estados miembros a establecer sistemas robustos de vigilancia basados en unidades y distritos del suelo, a definir criterios mensurables de salud del suelo y a evaluar periódicamente la situación mediante redes de muestreo representativas. La Directiva introduce por primera vez un conjunto común mínimo de descriptores del suelo, valores objetivo sostenibles y valores desencadenantes operativos que activan acciones de apoyo cuando los indicadores revelen riesgos de degradación. Todo ello se apoyará en herramientas desarrolladas por la UE, entre ellas el programa Copernicus, los datos de teledetección, el observatorio europeo del suelo y el futuro portal digital europeo de datos sobre la salud del suelo.

Otro eje central es la gestión de los terrenos contaminados. Los Estados miembros deberán crear inventarios nacionales, identificar actividades potencialmente contaminantes, investigar los suelos de forma sistemática y adoptar medidas proporcionales basadas en el riesgo, con arreglo al principio de “quien contamina paga”. La Directiva exige la evaluación de riesgos específicos para la salud humana y el medio ambiente, la adopción de técnicas de saneamiento sostenibles y la comunicación transparente al público de la información sobre terrenos potencialmente contaminados y contaminados, garantizando a la vez la protección de datos sensibles en casos como instalaciones militares o infraestructuras críticas.

Otras previsiones

La norma introduce también principios para mitigar la ocupación y artificialización del suelo, fomentando prácticas como la minimización del sellado, la revitalización de suelos alterados y el desellado cuando sea posible, sin interferir en las competencias nacionales de ordenación territorial. Asimismo, prevé apoyo específico para agricultores, silvicultores y gestores del territorio, promoviendo prácticas de gestión sostenible, asesoramiento técnico y acceso a la financiación disponible a través de la PAC, los fondos de cohesión, Horizonte Europa y la misión “Un pacto sobre el suelo para Europa”.

La Comisión Europea acompañará la aplicación de la Directiva con asistencia técnica, armonización metodológica, intercambio de buenas prácticas y un proceso de revisión previsto para 2033, que evaluará la necesidad de reforzar los requisitos en función de los avances científicos y de los resultados obtenidos.

Valoración

Con esta Directiva, la Unión Europea sitúa por primera vez la salud del suelo al nivel de otros recursos naturales estratégicos, dotándose de un marco normativo europeo integral para proteger un elemento esencial para la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático, la sostenibilidad económica y el bienestar de las generaciones futuras.