En una reunión informal del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrada en Copenhague bajo la Presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea el 23 de julio de 2025, se debatió la simplificación del Reglamento General de Protección de Datos de la UE. La directora de la FRA subrayó que cualquier esfuerzo de simplificación no debe socavar la protección de los derechos fundamentales, que sustenta el funcionamiento de nuestras sociedades democráticas.

La presente resolución reconoce que la implementación clara y práctica de las garantías de protección de datos constituye un elemento esencial para la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales en la sociedad digital contemporánea. En este sentido, se subraya la importancia de identificar y afrontar los desafíos que los Estados miembros encuentran en la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, promoviendo el diálogo y la cooperación institucional como vía para fortalecer su eficacia. Asimismo, se toma nota de los resultados de la Encuesta sobre Derechos Fundamentales de la FRA, que ponen de relieve la elevada preocupación de la ciudadanía respecto al acceso ilícito a sus datos personales y al uso no autorizado de los mismos por parte de empresas, lo cual evidencia la necesidad de consolidar un marco de protección robusto y confiable.

Se destaca que la protección de los derechos fundamentales constituye no solo un pilar democrático, sino también una ventaja competitiva para Europa, en la medida en que la observancia rigurosa de las normas de protección de datos favorece la sostenibilidad empresarial al generar confianza y aceptación social. Este principio se manifiesta de manera especialmente positiva en el ámbito judicial, donde la investigación reciente confirma la consideración prioritaria de la privacidad y la protección de datos en el diseño y desarrollo de herramientas digitales. No obstante, se reconoce que en sectores de menor sensibilidad podría contemplarse una reducción de cargas administrativas, siempre que ello se acompañe de orientaciones claras y de recursos adecuados que garanticen el respeto de los derechos fundamentales.

En esta línea, se acogen las conclusiones del informe de 2024 de la FRA sobre la aplicación práctica del RGPD, en el que se subraya la necesidad de directrices claras para los responsables del tratamiento de datos con el fin de asegurar una implementación uniforme y aliviar la carga de trabajo de las Autoridades de Protección de Datos. Se constata igualmente que la falta de conocimiento sobre los riesgos del tratamiento inadecuado y la insuficiencia de recursos en ciertas autoridades limita su capacidad de asesoramiento y supervisión. Finalmente, se afirma que cualquier esfuerzo de simplificación normativa debe estar sustentado en evidencias empíricas y en la experiencia de todas las partes interesadas, incluida la ciudadanía, sin que en ningún caso pueda comprometerse la protección de los derechos fundamentales que constituyen la base del funcionamiento de nuestras sociedades democráticas.