Jornada “La Mediación y los MASC en la Ley Orgánica de Eficiencia: la justicia que queremos” (21 marzo 2025)

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes organizó una jornada de carácter institucional centrada en los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el marco de la Ley Orgánica 1/2023. La sesión reunió a relevantes representantes del ámbito jurídico y político, incluyendo a Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Rafael Catalá, exministro de Justicia y presidente del Centro Español de Mediación; Gemma Espinosa, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Amparo López Antelo, consejera de Presidencia, Función Pública, Igualdad e Interior del Gobierno de Navarra; y representantes del sector notarial, registral y empresarial.

 La apertura institucional de la jornada dedicada al análisis de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el marco de la Ley Orgánica 1/2023 corrió a cargo de Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia, quien ofreció una reflexión inicial centrada en la necesidad de transformar la cultura jurídica española mediante la incorporación efectiva de mecanismos alternativos al proceso judicial ordinario. En sus palabras, se expresó que la convocatoria no constituía únicamente una celebración del Día Europeo de la Mediación —conmemorado anualmente el 21 de enero—, sino también una manifestación del compromiso público con una justicia más participativa, dialógica y adaptada a las demandas de la ciudadanía. Subrayó el valor de iniciativas institucionales como la presente, orientadas a consolidar dinámicas donde la solución de conflictos no quede restringida al litigio, sino que se extienda hacia fórmulas más colaborativas y restaurativas.

El secretario de Estado destacó que la mediación y otros procedimientos contemplados en la nueva normativa —como la conciliación, la opinión experta independiente o la negociación directa— han dejado de ser figuras marginales para adquirir un reconocimiento estructural dentro del ordenamiento jurídico. En su intervención, Olmedo subrayó que el avance normativo no será suficiente si no se acompaña de una evolución cultural y profesional que permita su aplicación eficaz en todos los territorios y niveles institucionales.

Asimismo, hizo alusión al impulso tecnológico y digital que acompaña la implantación de los MASC, en tanto instrumentos necesarios para facilitar su accesibilidad y funcionalidad en el servicio público de justicia. Insistió en que la transición hacia un modelo más dialogante requiere una actuación conjunta de los operadores jurídicos, administraciones y cuerpos profesionales especializados, todos ellos implicados en una tarea colectiva de redefinición del ejercicio del derecho.

Finalmente, en su saludo institucional, reiteró el agradecimiento a mediadores, abogacía, miembros del poder judicial y representantes de colegios profesionales por su implicación activa en este cambio estructural. Alentó a quienes participaron presencial o virtualmente a interpretar la jornada no como un acto simbólico, sino como un espacio de compromiso efectivo con un paradigma jurídico más inclusivo, ágil y centrado en las personas.

Intervención del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

A continuación, tuvo lugar la intervención del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, D. Félix Bolaños García, quien realizó un amplio repaso por los principios rectores de la reciente reforma normativa en materia de eficiencia judicial. Su exposición sirvió como una llamada al compromiso colectivo con un modelo de justicia más dinámico, accesible y centrado en las personas. Desde el inicio de su intervención, el ministro situó la evolución legislativa en un proceso continuo que responde a una aspiración ciudadana: la necesidad de transformar el servicio público de justicia en una institución moderna, ágil y sensible a las nuevas realidades sociales. Subrayó que la reforma impulsada mediante la Ley Orgánica 1/2023 de medidas en materia de eficiencia para el servicio público de justicia forma parte de una línea de acción sostenida, iniciada en etapas anteriores, pero con un renovado impulso desde el actual ministerio.

El titular de Justicia y Presidencia destacó el carácter estructural de los cambios normativos, concebidos no como un mero reajuste técnico, sino como una transformación integral del sistema. Subrayó que los MASC, lejos de representar vías accesorias, deben consolidarse como pilares dentro del ecosistema de resolución de controversias y señaló que el verdadero cambio no reside solo en la incorporación de figuras como la mediación, la conciliación o la opinión experta, sino en la progresiva generalización de una nueva mentalidad jurídica basada en el consenso y la deliberación. Bolaños insistió en la relevancia de ofrecer alternativas reales a la vía jurisdiccional, sobre todo en aquellos litigios donde el componente técnico, emocional o relacional supera el marco estricto del derecho positivo. En su análisis, apuntó que la diversidad de mecanismos contemplados en la ley no responde a una mera pluralidad procedimental, sino a la voluntad de reconocer la complejidad inherente a los conflictos contemporáneos. Uno de los argumentos centrales de su intervención fue la necesidad de consolidar una justicia centrada en las personas. En este sentido, defendió que la reforma no puede limitarse a la operatividad interna del sistema, sino que debe tener una proyección real en la experiencia de los ciudadanos. La satisfacción con el sistema judicial, a su juicio, no se mide solo en términos de celeridad, sino también en la capacidad para ofrecer respuestas comprensibles, dialogadas y sostenibles en el tiempo.

El ministro dedicó una parte significativa de su discurso a destacar el papel de los profesionales que operan en el ámbito de la mediación y de los MASC en general. Reconoció la labor de quienes, desde diferentes disciplinas, contribuyen a construir una justicia más cercana y adaptada a las necesidades sociales. Afirmó que el compromiso institucional pasa por visibilizar, dotar y profesionalizar ese sector, evitando tanto la precarización como la instrumentalización de estas figuras.

En línea con la vocación modernizadora del ministerio, Bolaños destacó los avances en digitalización y aplicación de tecnologías al servicio de la justicia. Indicó que el desarrollo de plataformas y sistemas inteligentes de derivación permitirá ampliar el alcance y la eficacia de los MASC, y contribuirá a reducir las desigualdades de acceso a los mecanismos extrajudiciales. Vinculó esa estrategia tecnológica con una dimensión garantista: la tecnología debe estar al servicio de los derechos y no sustituir la mediación humana que caracteriza a las soluciones dialogadas.

El ministro también abordó el carácter colaborativo de la reforma agradeciendo expresamente el trabajo de quienes participaron en la elaboración de los textos normativos, incluyendo representantes del poder judicial, de los colegios profesionales, de la academia y de la sociedad civil. Destacó que el proceso de redacción y validación ha sido una tarea compartida, y que la pluralidad de aportaciones ha enriquecido el resultado legislativo.

Mirando al futuro, el ministro anunció la próxima aprobación de proyectos normativos complementarios que permitirán una aplicación más precisa y eficaz de la Ley de Eficiencia. Entre ellos, destacó el anteproyecto relativo a la figura de la «tercera persona neutral», cuyo periodo de consulta pública había concluido recientemente. Dicha figura representará un instrumento clave para el desarrollo de una cultura de la resolución dialogada en el marco institucional. En sus palabras finales, Félix Bolaños reafirmó que el proyecto de transformación judicial en curso no es una simple reforma técnica ni una respuesta coyuntural, sino una apuesta decidida por un nuevo modelo de relación entre el Estado y la ciudadanía en el ámbito de la justicia. Sostuvo que el acceso a mecanismos adecuados de resolución de conflictos representa una condición para la democracia deliberativa y el fortalecimiento de la cohesión social y concluyó con una llamada a la responsabilidad compartida entre instituciones, profesionales y ciudadanos para consolidar una justicia dialogada, ágil y comprensible. El ministro instó a todos los actores del sistema a asumir el reto de acompañar los cambios normativos con transformaciones reales en las prácticas y en las mentalidades.

Desde una visión integral, su intervención dejó claro que la reforma en materia de eficiencia judicial no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de un proceso de innovación democrática que busca alinear los instrumentos institucionales con las expectativas de justicia, equidad y participación que expresa la sociedad contemporánea.

Primera mesa: La mediación y el poder de la palabra

La primera mesa, titulada «La mediación y el poder de la palabra», reunió a figuras destacadas del ámbito jurídico y de la resolución extrajudicial de conflictos. Intervinieron Rafael Catalá, exministro de Justicia; Jesús Lorenzo Aguilar, director de ASEMED; Urbania Rondón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de Mediación; y Rocío Sampere Meneses, presidenta de la Asociación Española de la Mediación.

Uno de los ejes compartidos fue la reivindicación de la palabra como instrumento esencial para la comprensión y transformación del conflicto. Se defendió la necesidad de una comunicación auténtica, que diera cabida tanto a las razones como a las emociones de las partes implicadas. La mediación fue concebida, en ese sentido, no solo como técnica jurídica, sino como ejercicio de escucha activa, respeto mutuo y responsabilidad compartida.

Rafael Catalá destacó el valor intrínseco de la mediación como vía para transformar la sociedad desde la óptica de la justicia restaurativa. En su intervención, subrayó que los MASC no deben entenderse solo como mecanismos para descongestionar los tribunales, sino como una forma diferente de comprender el conflicto y gestionarlo con mayor humanidad y eficacia. Jesús Lorenzo Aguilar puso énfasis en la necesidad de profesionalizar y estructurar el ejercicio de la mediación desde entidades especializadas. Reclamó mayor apoyo institucional y normativo para consolidar una red de profesionales bien formados, con ética y criterios de intervención comunes. Urbania Rondón, por su parte, reflexionó sobre la importancia de dar visibilidad al trabajo de los mediadores, especialmente en ámbitos donde la cultura del litigio sigue siendo dominante destacando la necesidad de construir confianza ciudadana en estos mecanismos y fortalecer la colaboración con las administraciones públicas. Rocío Sampere Meneses enfoco su intervención desde una perspectiva formativa y de calidad profesional. Reivindicó la homologación de los programas de capacitación en mediación, así como la creación de un registro único de mediadores acreditados. También se refirió a la necesidad de una comunicación clara hacia la ciudadanía para fomentar el uso de los MASC.

Los ponentes coincidieron en que la mediación no debe concebirse como un simple recurso alternativo al proceso judicial, sino como una vía de justicia que permite recuperar el protagonismo ciudadano en la resolución de sus diferencias. A través del uso consciente de la palabra, se habilitan espacios para la comprensión recíproca, la reparación simbólica y la construcción de soluciones personalizadas. Desde una perspectiva normativa, se subrayaron los efectos procesales derivados del uso de mecanismos extrajudiciales, tales como la suspensión de plazos y la posibilidad de homologación judicial de acuerdos. Se advirtió que tales beneficios no deben desvirtuar la finalidad originaria del procedimiento: la generación de entendimiento real y sostenible.

Durante el debate se formularon propuestas para mejorar la calidad y legitimidad de los mecanismos extrajudiciales: creación de registros de mediadores certificados, homologación de metodologías formativas, reconocimiento económico y jurídico del tiempo de escucha y acompañamiento, y articulación de sistemas de derivación judicial más eficaces y la mesa concluyó con una reflexión coral: la palabra, cuando es empleada con honestidad y apertura, no solo comunica, sino que también transforma. La mediación, concebida como espacio jurídico y humano, invita a reaprender a dialogar en una sociedad que requiere reencontrarse con el valor del acuerdo, el reconocimiento mutuo y la corresponsabilidad.

Segunda mesa: «La Mediación y los MASC en la Ley Orgánica de Eficiencia: la justicia que queremos»

La segunda mesa de la jornada estuvo moderada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez Jerez y en ella intervinieron María Emilia Adán García, decana del Colegio de Registradores de España; Amparo Quintana García, abogada, mediadora y docente en resolución de conflictos; y Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de Economistas. La sesión se centró en el análisis del impacto de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) desde una perspectiva interprofesional, abordando el potencial de estos mecanismos para transformar la práctica jurídica, el sistema registral, la economía y la sociedad en su conjunto. Los tres ponentes ofrecieron perspectivas complementarias, con una atención especial a las implicaciones normativas, formativas y operativas de los procedimientos no jurisdiccionales.

María Emilia Adán García abrió la mesa con una reflexión sobre la función del registro como garante de la seguridad jurídica y la posibilidad de incorporar a los registradores como figuras activas en la consolidación de los MASC. Sostuvo que los procedimientos registrales ya incluyen una dimensión de validación y resolución extrajudicial que podría integrarse de forma más armónica con los nuevos modelos de gestión del conflicto. En particular, se refirió a los informes vinculantes y no vinculantes regulados por la ley hipotecaria, así como al papel técnico que pueden desempeñar los registradores en controversias relativas a la propiedad o a la delimitación territorial. Adán García apuntó que el desarrollo de nuevas competencias profesionales por parte del colectivo registral podría contribuir a ampliar la esfera de aplicación de los MASC, especialmente en entornos donde los conflictos requieren un conocimiento especializado. Valoró de forma positiva la incorporación de los medios alternativos en la normativa reciente, pero recordó que su éxito dependerá de la capacidad del sistema para integrarlos de manera transversal y con garantías suficientes para los ciudadanos.

Intervino a continuación Amparo Quintana García, quien desarrolló una exposición profundamente anclada en la experiencia profesional, la práctica docente y la intervención directa en procesos de mediación. Su discurso se centró en el valor del acompañamiento emocional, la escucha activa y la creación de entornos seguros para que las partes puedan expresar sus intereses reales más allá de sus posiciones formales. Señaló que la gestión del conflicto implica reconocer la diversidad de ritmos personales, emocionales y narrativos de quienes atraviesan un proceso de disputa. Quintana remarcó que la mediación no se limita a resolver una controversia específica, sino que habilita un espacio transformador donde las personas pueden recuperar su agencia, reconfigurar sus relaciones y participar activamente en la construcción de soluciones. Insistió en que el procedimiento sólo es eficaz cuando se asume desde la autenticidad y el respeto por la complejidad humana que atraviesa cada situación de conflicto. Desde su experiencia, destacó la necesidad de formar a los operadores jurídicos no sólo en técnicas de mediación, sino también en competencias vinculadas a la inteligencia emocional, la comunicación no violenta y la gestión de la incertidumbre, señalando que, para consolidar los MASC como verdaderas vías de justicia, es imprescindible abandonar la visión puramente instrumental y concebir la mediación como una práctica deliberativa, donde la escucha se convierte en una herramienta de conocimiento y transformación. También abordó la dimensión jurídica de la mediación, destacando los efectos procesales que produce en términos de suspensión de plazos y protección de derechos. Reivindicó la necesidad de un estatuto jurídico claro para los profesionales del sector, así como la articulación de ámbitos de cooperación entre el mundo judicial y los espacios de resolución dialogada. Para Quintana, el reconocimiento profesional debe ir acompañado de una profunda legitimación social, basada en la transparencia, la calidad formativa y el compromiso ético. Su intervención fue una de las más valoradas de la jornada por su capacidad para integrar los planos técnico, humano y pedagógico de la mediación. A través de ejemplos concretos y una narrativa precisa, logró transmitir la complejidad del trabajo mediador y la necesidad de reformular las relaciones jurídicas desde un paradigma colaborativo y horizontal.

El último turno de palabra correspondió a Valentín Pich Rosell, quien ofreció una perspectiva desde el ámbito económico e institucional. Señaló que los MASC representan una oportunidad para aumentar la competitividad del tejido empresarial al ofrecer vías más rápidas, económicas y adaptadas a las particularidades de los conflictos corporativos. Subrayó que, en el mundo de la empresa, los litigios generan costes reputacionales y económicos que muchas veces superan los beneficios esperados de una sentencia favorable. Pich Rosell insistió en que el conflicto debe dejar de percibirse como un fracaso y comenzar a entenderse como una situación natural, susceptible de ser gestionada de manera constructiva. En su intervención, defendió el papel de los economistas como expertos capaces de intervenir en la valoración, mediación y peritaje de disputas que requieren una comprensión técnica del entorno financiero y empresarial. También propuso que los contratos mercantiles incluyan cláusulas de derivación a mecanismos alternativos, como medida de prevención y eficiencia. Desde su óptica, la reforma legislativa representa un impulso para democratizar el acceso a la justicia en el ámbito económico, especialmente para pequeñas y medianas empresas que, por razones de coste o complejidad, tienden a evitar el litigio. Celebró la incorporación de metodologías colaborativas en el nuevo marco normativo, al tiempo que reclamó mayor difusión institucional para que el empresariado conozca las posibilidades que ofrece el nuevo ecosistema legal.

La mesa concluyó con una síntesis de la moderadora, quien destacó la convergencia de miradas como una señal del carácter transversal de los MASC. Subrayó que los cambios normativos requieren acompañamiento formativo, apertura institucional y voluntad profesional para consolidar una justicia más participativa, eficaz y centrada en las necesidades reales de las personas. Y concluyó dejando constancia del potencial transformador de los mecanismos alternativos cuando se implementan con rigor, sensibilidad y colaboración intersectorial.

La sesión sirvió para evidenciar que la resolución dialogada de conflictos no es exclusiva del ámbito jurídico, sino un campo compartido donde convergen saberes, experiencias y responsabilidades.

Balance general de la jornada

La celebración de la jornada titulada “La Mediación y los MASC en la Ley Orgánica de Eficiencia: la justicia que queremos” constituyó una oportunidad para reflexionar, desde una pluralidad de voces y trayectorias profesionales, sobre los desafíos y posibilidades que plantea la incorporación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias al entramado institucional de la justicia. A lo largo de las sesiones se puso de manifiesto la necesidad de transformar no solo las herramientas jurídicas, sino también los hábitos culturales y profesionales con los que se gestiona el conflicto en los distintos ámbitos de la vida social. Las intervenciones coincidieron en valorar la palabra, la escucha y la deliberación como ejes fundamentales de un nuevo paradigma en la resolución de disputas, donde la dimensión humana, la participación activa de las partes y la corresponsabilidad sustituyen la lógica adversarial tradicional.

Desde las aportaciones institucionales, se ratificó el compromiso con la consolidación de un servicio público más ágil, accesible y orientado a las necesidades reales de quienes acuden a él. La mediación, junto con otros mecanismos como la conciliación, la intervención de terceros expertos o la negociación directa, fue reconocida como una vía legítima y necesaria para una administración de justicia que aspira a ser más cercana, comprensible y eficiente.

La transversalidad de los temas abordados y la diversidad de perfiles convocados, registradores, economistas, juristas, mediadores, docentes y responsables públicos, revelaron que el desarrollo de los MASC no puede comprenderse como una tarea exclusiva del poder judicial. Su fortalecimiento depende, en gran medida, de la colaboración interinstitucional, la profesionalización sostenida y una voluntad colectiva de impulsar formas más dialogadas de convivencia jurídica.

La jornada concluyó con un mensaje compartido: la modernización del sistema judicial requiere alinear la estructura normativa con prácticas cotidianas basadas en la confianza, la escucha activa y la búsqueda de soluciones sostenibles. Los MASC representan, en esa dirección, no solo un conjunto de instrumentos jurídicos, sino una apuesta por renovar la forma en que se entiende el acceso a la justicia en una sociedad democrática.

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