El Banco Mundial recibió el 24 de febrero de 2024 una notificación escrita de denuncia al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (el Convenio CIADI) por parte de la República de Honduras.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 71 del Convenio CIADI, la denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de la notificación de la República de Honduras, es decir, el 25 de agosto de 2024.

En su carácter de depositario del Convenio CIADI, y conforme a lo dispuesto en el art. 75 del Convenio CIADI, el Banco Mundial ha notificado a todos los Estados signatarios de la denuncia por parte de la República de Honduras al Convenio CIADI.

Demanda de “Honduras Próspera”

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, consiguió una importante victoria en 2022 y poco después el Congreso Nacional de Honduras derogó la Ley ZEDE de 2013 que permitía a la empresa estadounidense “Honduras Próspera” establecer una ciudad charter en una zona económica especial. La denominación legal implica que las ZEDE constituyen zonas económicas especiales estándar, áreas dentro de las fronteras de un país que, aunque forman parte política y fiscalmente de la nación de acogida, se rigen por normativas económicas independientes como mecanismo para atraer inversión extranjera directa, acelerar la industrialización y crear empleo. Sin embargo, la legislación permitió la creación de zonas de gobernanza privada mucho más radicales, que tienen autonomía funcional y administrativa del gobierno nacional.

La Ley ZEDE permitió que estas zonas operaran sujetas al Derecho penal hondureño, pero con su propio leyes civiles y administración. Inicialmente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2012, pero fue revocada tras la sustitución de varios de sus magistrados y la modificación de la Constitución. El modelo que siguió “ZEDE Próspera” se basaba en la idea del ex economista jefe del Banco Mundial Paul Romer de que los países menos favorecidos podían enriquecerse fomentando las «ciudades charter» gestionadas desde el extranjero. Establecida finalmente en 2021, se convirtió en lo que Rest of World describió como un «paraíso cripto-libertario».

Así las cosas, Honduras amenazó con retirarse del CIADI tras la demanda de “Honduras Próspera” en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR), solicitando casi 11.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a dos tercios de todo el presupuesto nacional del país para este año. La asombrosa suma solicitada por Próspera no es la única razón por la que este caso suscitaba serias preocupaciones.

Carta de 33 parlamentarios estadounidenses a la administración Biden

El 2 de mayo de 2023, más de treinta miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta a la administración Biden dirigida concretamente a Katherine Tai, Representante de Comercio de EE.UU. y al Secretario de Estado Antony Bliken. La relación de firmas iba encabezada por la senadora Elizabeth Warren y el congresista Lloyd Doggett.

En la carta se afirmaba que “El sistema ISDS ha funcionado una y otra vez a favor de los intereses de las grandes empresas, vulnerando los derechos y la soberanía de nuestros socios comerciales y de sus pueblos. Le instamos a que investigue y busque una vía eficaz para eliminar el consentimiento al arbitraje ISDS por parte de EE.UU. y nuestros socios comerciales en los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio existentes” (véase más información y el texto de la carta en la sección de “Noticias” de La Ley: Mediación y Arbitraje, nº 16, 2023).

Pertenencia al CIADI

Debe recordarse que los Estados de Centroamérica, Panamá y República Dominicana son miembros del Convenio CIADI. Esta pertenencia puede influir en la percepción del clima de negocios de un país, ya que su membresía se suele interpretar como un compromiso con la protección de las inversiones extranjeras y la resolución de disputas de manera imparcial y basada en reglas reconocidas internacionalmente. Por lo tanto, la participación o la ausencia en el CIADI tiene implicaciones significativas para la atracción de inversiones extranjeras.

Honduras no es el primer país que denuncia el CIADI, también lo hicieron Bolivia, y Venezuela, y por la experiencia de estas naciones, la denuncia no detuvo los reclamos de los inversionistas.

Resulta significativo que Ecuador, tras su retirada del CIADI en 2009, se incorporó de nuevo al mismo doce años después para reforzar sus relaciones comerciales internacionales y permitir y fortalecer alianzas con otros Estados parte del sistema e integrarse a la Alianza del Pacífico, que incluye a Chile, Colombia, México y Perú.

Perspectivas de los actuales contenciosos

La decisión hondureña no anula las demandas de empresas extranjeras contra Honduras con anterioridad a esta retirada. Alrededor de 10 demandas ante el CIADI (tras las de Honduras Próspera, figuran las interpuestas por JLL Capital, Autopistas del Atlántico, Scatec ASA, Norfund y KLP Norfund, Juan Carlos y Ernesto Arguello e Inversiones y Desarrollos Energéticos), deberán seguir con los procesos, pues siguen vigentes diversos Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-CAFTA). Conforme a sus previsiones podrían convertirse en arbitrajes ad hoc bajo el Reglamento de la CNUDMI/UNCITRAL, con la intervención de la Corte Permanente de Arbitraje para el nombramiento de árbitros. Pero existen otras opciones.

85 economistas valoran la decisión de Honduras de abandonar el CIADI (18 marzo 2024)