El 22 de mayo de 2022 la Asamblea Ciudadana para el Clima aprobó una serie de recomendaciones,
La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) ha votado y aprobado por mayoría 172 recomendaciones para lograr una España más justa y segura contra el cambio climático. La Asamblea ha nombrado, además, a un grupo de 12 personas que ejercerán de portavoces y serán las encargadas de presentar las recomendaciones al Gobierno y al Congreso.
“La Asamblea ha sido un proceso transformador, también para las personas que hemos formado parte de ella”, han señalado los coordinadores del Grupo de Expertos que asesora a la Asamblea, Cristina Linares y Joaquín Nieto. “Estamos convencidos de que va a haber un antes y un después de la Asamblea Ciudadana para el Clima”. Nieto y Linares han querido agradecer a los asambleístas su trabajo durante estos meses y el clima de respeto en que se ha desarrollado la Asamblea.
Las recomendaciones están organizadas por objetivos y divididas en cinco áreas de vida y sociedad: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados; y ecosistemas. Después de rematar la redacción de las propuestas ayer sábado, el domingo los asambleístas han procedido a votar cada una de las recomendaciones.
Cada asambleísta ha tenido cinco papeletas de votación; cada una de ellas incluía las propuestas de un área de vida. En cada propuesta, los participantes han tenido que indicar si están a favor, en contra o si se abstienen. Una vez rellenadas las papeletas, cada persona ha depositado sus votos en una urna. Posteriormente, los propios participantes se han encargado de realizar el recuento de los votos.
La aprobación de las recomendaciones es la culminación de siete meses de deliberaciones. El trabajo de la Asamblea se ha estructurado en cinco sesiones de debate online y una presencial, atravesando tres fases: una primera de aprendizaje, una segunda de deliberación, y una tercera de elaboración de propuestas.
Esta última sesión se ha desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, y ha sido la primera de carácter presencial. 76 integrantes de la Asamblea han acudido a Madrid para participar en las deliberaciones, mientras que otras 18 están participando por videoconferencia. Las y los asambleístas han estado acompañados por el órgano de gobernanza de la Asamblea, compuesto por el grupo de expertos y expertas independiente, el panel coordinador y el equipo de facilitadores
Una vez finalizada esta sesión, con la votación de las recomendaciones, se realizará un trabajo de edición y ordenación de las mismas para reflejar, entre otras cuestiones, los resultados de la votación y el grado de apoyo a cada propuesta, así como para poder publicarlas.
«Toma en razón» del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros de 11 de julio de 2022 tomó razón del informe de las anteriores recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC). El Ejecutivo se compromete a analizar y evaluar las recomendaciones desde todos los departamentos ministeriales con el fin de estudiar las opciones que existen para integrarlas en la acción de gobierno. Asimismo, dispone su remisión al Congreso de los Diputados, según lo establecido en la Orden TED/1086/2021. El informe, publicado el 6 de junio de 2022, proporciona una visión social clave de cómo acelerar la lucha contra la crisis climática, que responde al mandato de la Asamblea de elaborar propuestas para lograr una España más segura y justa ante el cambio climático. El texto cuenta con un total de 172 recomendaciones, enmarcadas en 58 objetivos y organizadas en cinco grandes bloques o «áreas de vida»: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados; y ecosistemas. Origen, constitución y desarrollo de la asamblea.
La Asamblea Ciudadana para el Clima tiene su origen en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España de enero de 2020, que incluía entre sus compromisos reforzar los mecanismos de participación, y que se consagró en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (artículo 39.1). Una asamblea que se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones en torno a buenas prácticas para procesos deliberativos elaboradas por la OCDE, como la responsabilidad, la representatividad, la inclusividad, la transparencia, la integridad y la privacidad. Se constituyó tras un proceso de selección de sus integrantes independiente y aleatorio, como una muestra representativa de una «mini-España» sobre la base de unos criterios objetivos de estratificación como la edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica y residencia en área urbana o rural, entre otros. Desde entonces, la asamblea trabajó durante siete meses, desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2022, en un ejercicio de deliberación y aprendizaje pionero en España que ha abierto un nuevo camino para reforzar la participación pública y facilitar la adopción de políticas frente a la emergencia climática. Ha supuesto una oportunidad para escuchar a la ciudadanía y entender dónde están sus preocupaciones y qué soluciones proponen o necesitan para avanzar en un cambio de hábitos, de modelos de producción y de consumo, que nos afecta a todos. La llamada de la comunidad científica a promover una transformación económica y social para alcanzar sociedades descarbonizadas y más resilientes necesita de una sociedad informada que impulse cambios en los modelos de producción y consumo a través de sus comportamientos y hábitos cotidianos. En este sentido, durante todo proceso los asambleístas contaron con el respaldo de un órgano de gobernanza compuesto por expertos independientes, un panel de coordinadores y facilitadores para encauzar las distintas fases de aprendizaje, conocimiento, reflexión, deliberación y preparación de recomendaciones. La participación de los asambleístas se desarrolló bajo anonimato para garantizar su protección y privacidad, y el ejercicio de su labor con total libertad. El 6 de junio los portavoces seleccionados por los propios asambleístas hicieron entrega de las recomendaciones adoptadas al presidente del Gobierno. Esta asamblea es un primer ejercicio, pionero en nuestro país, que busca servir de impulso a este tipo de procesos deliberativos y que se pueden replicar, tal y como sugiere la ley de cambio climático y transición energética, en el ámbito regional y municipal.
