Siendo España el lugar de pago de las cantidades entregadas a cuenta del precio final de la venta de una vivienda, el litigio debe de resolverse con arreglo al Derecho material español (SAP Alicante 4ª 13 mayo 2021)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, de 13 de mayo de 2021 contempla el siguiente asunto: La demandante Dª Genoveva en fecha 1 de febrero de 2006 suscribió contrato de compraventa sobre la vivienda … NUM001 , y Don Valeriano , en la misma fecha, misma promoción y en el mismo edificio, pero la vivienda NUM002. La sentencia de instancia estima la demanda interpuesta, y condena a Banco Santander S.A. al pago de las cantidades entregadas a cuenta. Interpone Banco de Santander S.A. recurso de apelación contra la sentencia de instancia, alegando en primer lugar la falta de jurisdicción y que no resulta aplicable al caso enjuiciado la legislación española, pues la obligación que se exige en la demanda no es una obligación contractual sino extracontractual y conforme al art. 10.9º Cc se regirán por la ley del lugar donde hubiera ocurrido el hecho del que deriven, por tanto el hecho del que deriva, el nacimiento de la obligación, es la falta de entrega de las viviendas que los demandantes compraron sobre plano y este hecho se produjo en Natal, Brasil, que es el lugar donde se debían de ejecutar las obras y por tanto donde se debían de entregar las viviendas que debían de haber sido construidas. Y en cuanto al fondo del asunto negando la obligación de devolver la suma reclamada pues mantiene que no tenía el banco ninguna capacidad de control sobre las sumas consignadas. El recurso es desestimado, afirmado la Audiencia que:

«(…) En primer lugar se cuestiona la decisión adoptada por el Juzgador que considera los tribunales españoles como los competentes para conocer y resolver de la demanda interpuesta por no haber planteado declinatoria de jurisdicción en tiempo y forma. Es cierto como mantiene los apelantes que en la cláusula decimotercera, similar en ambos contratos litigiosos, se pactó una sumisión expresa a favor de los tribunales brasileños, por lo que los tribunales españoles carecerían de jurisdicción. Según establece recientemente el Tribunal Supremo en auto de 24 de noviembre de 2020: «En el supuesto sometido a revisión es lo procedente examinar en primer lugar la impugnación formulada por la parte apelada, al reproducir una cuestión prioritaria, la falta de jurisdicción de los tribunales españoles en virtud de la sumisión expresa pactada en el contrato litigioso. La cuestión ya fue correctamente resuelta por parte del Juzgado de Primera Instancia en sentido negativo, pues el hecho es que la parte demandada no planteó en tiempo la declinatoria, al no personarse en tiempo y no formular contestación, según prescribe el art. 64 LEC, siendo así que el art. 39 de la Ley dispone que el demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional, y en igual sentido el art. 49 para la denuncia por el demandado de la falta de competencia objetiva, de tal modo que no habiéndolo hecho en el momento procesal oportuno, no cabe su denuncia posterior, en virtud de la preclusión de los actos procesales que establece el art. 136 LEC. No puede acogerse la petición de que se aprecie la cuestión de oficio, pues debe recordarse que en materia de competencia la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara que lo que la Ley considera adecuado a la naturaleza de las cosas es que, sin perjuicio de la vigilancia de oficio sobre los presupuestos del proceso relativos al tribunal, la parte pasiva haya de ponerlos de manifiesto con carácter previo. Así, por ello el artículo 58 de la Ley reduce el examen de oficio de la competencia territorial a los supuestos en que la competencia venga fijada por reglas imperativas, lo que es conforme con el criterio tradicional permisivo de la disponibilidad de las partes sobre las normas de competencia territorial que establece con carácter general el artículo 54.» Por tanto, habiendo comparecido el demandado únicamente para oponerse a la demanda, la Sala comparte la fundamentación jurídica de la sentencia por ser ajustada a derecho».

«(…) En segundo lugar se cuestiona la posible aplicación al caso de la legislación brasileña en atención a que el inmueble vendido se encontraba en suelo brasileño. A este respecto ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala en la reciente sentencia de trece de mayo de dos mil veinte que en un supuesto similar establecía: ‘.- I. Del examen de los términos en los que se desarrolla el primer motivo de recurso se desprende que la parte demandada se limita a mostrar su discrepancia con la aplicación al caso de la ley española, sin aducir en contrapartida qué norma brasileña sería la aplicable ni en qué condiciones ello daría lugar a la satisfacción de su pretensión de que sea desestimada la demanda. Obviamente, tampoco aporta prueba al respecto, pese a lo dispuesto en los arts. 281 LEC y 33.3º de la ley 29/2015, que permite excepcionalmente en ese caso que los tribunales apliquen la ley española. Además, su argumento acerca de la que responsabilidad reclamada no es contractual (lo que daría lugar a su encaje legal en el art. 10.9º Cc) choca con los mismos términos del fallo en los que expresamente se alude a que responde como depositaria de las cantidades ingresadas por los compradores. En el mismo sentido, el argumento de que se trata de una obligación legal porque deriva de la aplicación de la ley 57/1968 no tiene en cuenta que, como expresa en el título, su objeto es regular el percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, es decir, que remite a un contrato de compraventa. Los litigantes son de nacionalidad española, la demandada está sometida en su actuación a controles del Banco de España, los ingresos a cuenta se realizan en nuestro país y no consta que hubiesen transferido al extranjero; de la misma manera, el contrato de apertura de cuenta corriente en virtud del que la entidad financiera presta sus servicios tanto al cliente como a terceros se rige por la normativa nacional’. Pero, además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el supuesto que nos ocupa la responsabilidad de la demandada dimana de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y no de relación contractual alguna entre los litigantes por lo que no sería aplicable en el art. 10.5º CC, relativo a las obligaciones contractuales, sino más bien el contemplado en el punto 9º de dicho art. 10.9º Cc, referente a la obligaciones no contractuales, que efectúa una remisión a la «ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven», siendo esta el lugar de pago de las cantidades entregadas a cuenta del precio final de la venta, en este caso España, por lo que el litigio debe de resolverse con arreglo al Derecho material español».

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