La empresaria cocontratante mantiene Sucursal en España por lo que se mantiene la facultad del consumidor de acudir a los Tribunales Españoles en defensa de sus intereses sin que ello altere o perturbe la defensa de la demandada (SAP Tenerife 3ª 22 enero 2021)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección Tercera, de 22 de enero de 2021 desestima una declinatoria internacional en en un litigio respecto de u contrato  de aprovechamiento por turnos suscritos entre las partes, con el siguiente razonamiento:

«(…) Por, al instarse la nulidad del contrato en la demanda, la empresa demandada fue, necesariamente, la contratante sociedad española, Diamond Resorts Tenerife Sales, S.L., quien, tras la personación de la hoy recurrente, Diamond Resorts (EUROPE) Limited, quedó acreditado que había sido absorbida por ésta, quien actúa en España mediante la Sucursal España, al parecer, desde el 1 de enero de 2013. Invocado por el Recurrente el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo, lo primero que cabe recoger del mismo es su considerando 19 – Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, excepto en los contratos de seguro, los contratos celebrados por los consumidores o los de trabajo, en los que solo se concede una autonomía limitada para elegir el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el presente Reglamento- para reiterar que el contrato litigioso se desmarca de la legislación contractual general en favor de la defensa del consumidor, criterio de protección especial que, obvia decir, impera como principio en la legislación y jurisprudencia comunitaria. Por otra parte, el régimen a aplicar al contrato de fecha 2010, momento en que la parte empresaria era española, viene determinado por la Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, que dice: «(18) Debe determinarse de conformidad con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento  y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2) qué órganos jurisdiccionales son competentes en los procedimientos cuyo objeto sean materias cubiertas por la presente Directiva.». Pues bien, de acuerdo al artículo 16 del citado texto -«1. La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor- el consumidor podía demandar, en principio, y conforme al contrato a su cocontratante en el domicilio de este, en España, o en su domicilio, Inglaterra. Por su parte el art. 23, lo que dice es: «1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes», debiendo apreciarse que ,en el presente caso, lo pactado es la competencia «no exclusiva» de los tribunales británicos. De donde cabe afirmar que, en definitiva, y conforme al contrato, cabría la competencia a elección del consumidor de los tribunales británicos o de los españoles. Volviendo al Reglamento invocado por el recurrente, lo cierto es que las normas aplicables al presente caso se reiteran, de forma que, en principio y de acuerdo al contrato, se mantiene el derecho del consumidor a elegir entre el tribunal británico, su domicilio, o el español, domicilio de su cocontratante. La cuestión, efectivamente se suscita por la absorción de la entidad española por la británica, de forma que, en la actualidad, la persona que ha asumido los obligaciones y derechos derivados del contrato es efectivamente británica. Al respecto, deben traerse a la interpretación de las reglas de competencia, los considerandos del Reglamento aplicable: «(15) Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción. (16) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente.» Y, en el presente caso, habida cuenta de que es un acto unipersonal y voluntario del demandado el que determina la alteración de la competencia, y, en concreto, limita la facultad del consumidor de elegir el tribunal, debiendo además apreciarse que la empresaria cocontratante mantiene Sucursal en España, cabe afirmar que se mantiene la facultad del consumidor de acudir a los Tribunales Españoles en defensa de sus intereses sin que ello altere o perturbe la defensa de la demandada – art. 51 LEC: » Salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad»- y art. 52.14º del mismo texto legal – » En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio ; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión»- , y sin que pueda apreciarse que pueda ésta alterar unilateralmente en contra de los derechos del consumidor, ni restringir o limitar estos, debiendo asumir en todo caso el pacto que vinculaba a la empresa absorbida con el consumidor».

Vid. en la misma dirección Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Cuarta, de 26 de julio de 2019.

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