Seis miembros del CESE participaron en la visita a España los 14 y 15 de octubre de 2021. La delegación se reunió con representantes de la sociedad civil, en particular las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los medios de comunicación por un lado, y diversos entes gubernamentales y judiciales por otro. El objetivo de este informe es reflejar y reproducir fielmente las opiniones de la sociedad civil. Las opiniones de los distintos entes se verán reflejadas en su respuesta al informe.

Informe sobre la visita a España 14 y 15 de octubre 2021 

Dentro del informe destaca la situación del «Estado de Derecho»

«Los participantes indicaron que el Estado de Derecho es sólido pese a algunos problemas. Pusieron derelieve que el sistema español está basado en derechos y ofrece muchas garantías a la ciudadanía.

El principal reto en este ámbito está relacionado con el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es su órgano de gobierno. Debido a las dificultades existentes para alcanzar un acuerdo entre partidos políticos, el CGPJ lleva tres años sin renovarse. Las autoridades públicas confirmaron que no se había alcanzado ningún acuerdo político sobre la renovación del GCJP. Los participantes consideraron que la ausencia de renovación del CGPJ supone una amenaza para la independencia del poder judicial y que el nombramiento de los miembros del CGPJ está demasiado politizado.

Los participantes señalaron la necesidad de modificar el procedimiento de renovación del CGPJ para garantizar la selección de sus miembros directamente por los jueces, en lugar de incumbir su nombramiento a las cámaras legislativas. Sin embargo, los participantes consideraron que, en general, el poder judicial es independiente, más allá de la cuestión del proceso de nombramiento de los miembros del CGPJ. Consideraron que los jueces españoles pueden llevar a cabo su cometido diario de forma independiente, sin que se lo impidan las presiones políticas.

Los participantes consideraron que el poder judicial carece de recursos suficientes. Según los participantes, el número de jueces por habitante es insuficiente, lo cual demora los procedimientos judiciales, especialmente ante los tribunales superiores y el Tribunal Supremo. Sin embargo, las autoridades públicas señalaron que el número de jueces por cada 100 000 habitantes en España equivale al de otros países cercanos con una población similar como Francia o Italia.

Los participantes consideraron que la corrupción es bastante elevada en España, en particular en el ámbito de la contratación pública. Se han logrado avances en el enjuiciamiento y la sanción de la corrupción, pero siguen siendo necesario acometer mejoras. Por ejemplo, los participantes sugirieron reforzar las facultades de supervisión del Tribunal de Cuentas, cuya función es controlar la utilización del dinero público. Las autoridades españolas consideraron que habían progresado en cuanto al enjuiciamiento y la sanción de la corrupción, describiendo un marco adicional para la lucha contra la corrupción en España que también reforzaba la Estrategia Nacional de Lucha contra el Fraude.

En cuanto al enjuiciamiento de agentes policiales por crímenes violentos y delitos de odio, los participantes no tuvieron la impresión de que dichos agentes fueran objeto de ninguna protección especial por parte del poder judicial en detrimento de la ciudadanía.

Por último, los participantes no consideran que la pandemia de COVID-19 haya incidido especial en la situación del Estado de Derecho en España».