Competencia judicial en un procedimiento de insolvencia cuando el único bien inmueble del deudor está situado fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente (STJ 16 julio 2020)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Novena, de 16 de julio de 2020 (asunto C‑253/19: Novo Banco) declara que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que la presunción que establece para determinar la competencia internacional a efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia —según la cual el centro de intereses principales de un particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente es su residencia habitual— no se destruye por el mero hecho de que el único bien inmueble de esa persona esté situado fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente.

Los cónyuges MH y NI, que residen desde el año 2016 en Norfolk (Reino Unido), donde ejercen una actividad por cuenta ajena, solicitaron a los tribunales portugueses que les abrieran un procedimiento de insolvencia. El tribunal de primera instancia que conoció del asunto declaró que carecía de competencia internacional para pronunciarse sobre dicha solicitud debido a que, en virtud del art. 3, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, el centro de intereses principales de los demandantes en el litigio principal era su lugar de residencia habitual, situada en el Reino Unido, y a que, en consecuencia, los tribunales de este Estado miembro eran competentes para abrir el procedimiento de insolvencia. MH y NI interpusieron un recurso contra la sentencia de primera instancia ante el tribunal remitente alegando que dicha sentencia se había basado en una interpretación incorrecta de las normas establecidas en el Reglamento 2015/848. Sostenían que el centro de sus intereses principales no es su residencia habitual, en el Reino Unido, sino que se sitúa más bien en Portugal, Estado miembro donde se ubica el único bien inmueble del que son propietarios y donde se habían llevado a cabo todos los negocios y se habían celebrado todos los contratos que dieron lugar a su situación de insolvencia. Además, en su opinión, no existe ninguna conexión entre su lugar de residencia habitual y los hechos que originaron su insolvencia, que según ellos se produjeron íntegramente en Portugal. Por tanto, MH y NI solicitan que se reconozca la competencia internacional de los tribunales portugueses. En estas condiciones, el Tribunal da Relação de Guimarães (Audiencia de Guimarães, Portugal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el art. 3, ap. 1, párrafo cuarto, del Reglamento 2015/848 debe interpretarse en el sentido de que la presunción que establece para determinar la competencia internacional a efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia —según la cual el centro de intereses principales de un particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente es su residencia habitual— se destruye por el mero hecho de que el único bien inmueble de esa persona esté situado fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente.

En la presente sentencia el Tribunal de Justicia concluye que los criterios pertinentes para determinar el centro de intereses principales de un particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente son los relativos a su situación patrimonial y económica, lo cual se corresponde con el lugar en el que esa persona lleva a cabo la administración de sus intereses económicos y en el que se perciben y gastan la mayoría de sus ingresos o el lugar en el que se sitúa la mayor parte de sus activos. Por tanto, se debe concretar el alcance de la presunción expuesta en el art. 3, ap. 1, párrafo cuarto, del Reglamento 2015/848. Del propio tenor de esa disposición, interpretada a la luz de su párrafo primero, se desprende que se presume que el particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, salvo prueba en contrario, lleva a cabo de manera habitual la administración de sus intereses en el lugar de su residencia habitual, ya que es muy probable que ese lugar sea el centro de sus principales intereses económicos. De ello resulta que, mientras no se destruya esa presunción, los tribunales del Estado miembro en el que radique esa residencia son internacionalmente competentes para abrir un procedimiento de insolvencia contra dicho particular. Sin embargo, el art. 3, ap. 1, párrafo cuarto, del Reglamento 2015/848 establece que esa presunción únicamente es válida salvo prueba en contrario y el considerando 30 de ese Reglamento precisa que debe ser posible destruir dicha presunción, por ejemplo, en el supuesto de que la mayor parte de los bienes del deudor esté situada fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente, o cuando pueda establecerse que la principal razón de su traslado haya sido tramitar los procedimientos de insolvencia en la nueva jurisdicción y ello perjudicase materialmente los intereses de los acreedores cuyos créditos con el deudor hayan nacido antes del traslado. Esto no impide, en opinión del Tribunal de Justicia, que el mero hecho de que se den las circunstancias mencionadas en dicho considerando no baste para enervar la presunción expuesta en el artículo 3, ap. 1, párrafo cuarto, del Reglamento 2015/848. Considera que aunque la ubicación de los bienes del deudor es uno de los criterios objetivos reconocibles por terceros que deben tenerse en cuenta para determinar el lugar en el que el deudor lleva a cabo de manera habitual la administración de sus intereses, esta presunción únicamente puede destruirse tras una valoración conjunta de todos esos criterios. De ello resulta que el hecho de que el único bien inmueble de un particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente esté situado fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente no basta por sí solo para destruir dicha presunción.

Entiende el Tribunal de Justicia que, aunque la causa de la situación de insolvencia no es, en sí misma, una circunstancia pertinente para determinar el centro de intereses principales de un particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, corresponde al tribunal remitente considerar todas las circunstancias objetivas reconocibles por terceros relativas a su situación patrimonial y económica. En un supuesto como el controvertido en el litigio principal esa situación se ubica en el lugar en el que los demandantes en el litigio principal llevan a cabo de manera habitual la administración de sus intereses económicos y en el que se perciben y gastan la mayoría de sus ingresos o en el lugar en el que se sitúa la mayor parte de sus activos.

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