El Tribunal Supremo considera que la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad debe ser expresa (STS 1 junio 2020)

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 1 de junio de 2020 estima un recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la  Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoprimera de 24 de marzo de 2017 que, confirmando una Resolución de la Dirección General de los Registros, consideró que la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad debe ser expresa. De acuerdo con el Tribunal Supremo:

«(…) El motivo va a ser estimado por las siguientes razones. En la sentencia de pleno 696/2019, de 19 de diciembre nos hemos ocupado de la cuestión jurídica que se plantea en este recurso. En dicha sentencia explicamos que, al introducir en el año 2002 en el art. 24.3º Cc una norma equivalente al art. 26 Cc en la redacción de 1954, se quiso establecer un cauce que permitiera cortar la perpetuación indefinida de estirpes de españoles en el extranjero cuando siguen siendo españoles a pesar de que no mantengan la menor vinculación con España. Se hace exigiendo a los nietos de emigrados españoles, segunda generación nacida en el país de acogida, una declaración de voluntad dentro de cierto plazo para no perder la nacionalidad española. La pérdida de la nacionalidad se produce ex lege si no se realiza esa declaración. También dijimos que, a diferencia de lo que se establece hoy para la renuncia (art. 24.2º Cc), y a diferencia de lo que sucedía en su precedente de 1954, el vigente art. 24.3º Cc no exige que la declaración de querer conservar la nacionalidad se realice «expresamente». Legalmente, por tanto, la declaración de conservar no está sujeta a una forma solemne y, de acuerdo con la teoría general de las declaraciones de voluntad, en ausencia de norma que imponga determinada solemnidad, no se ve inconveniente para admitir que la voluntad se manifieste de manera indirecta a través de un comportamiento concluyente. Esto es lo que ha sucedido en el caso, al igual que en el precedente resuelto por la mencionada sentencia 696/2019. El actor compareció en el Consulado para solicitar la renovación de su pasaporte dentro del plazo de tres años previsto en el art. 24.3º Cc. Aunque formalmente no declarara de manera expresa y directa su voluntad de conservar la nacionalidad española, hay que reconocer que su solicitud de renovación de pasaporte debe ser tenida como tal, en atención a lo que significa habitual y socialmente en este ámbito la tenencia del pasaporte. Solo los españoles tienen derecho a que se les expida un pasaporte y, por cuanto que se trata del documento que acredita la nacionalidad de los españoles fuera de España (art. 11 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de seguridad ciudadana; antes, arts. 1 y 2 del RD 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario), no puede negarse a su petición el valor de querer conservar la nacionalidad. La solicitud de renovación del pasaporte no es un mero uso de la nacionalidad española, sino una petición que comporta de manera inequívoca la voluntad de querer ser español. A lo anterior debe añadirse que esa manifestación de voluntad de querer aparecer en el mundo jurídico como español se hace ante el órgano encargado de atender los asuntos de los nacionales que se encuentran en el extranjero y que tienen la residencia en ese país; por tanto, el órgano que recibe esa petición de pasaporte es el mismo que debe recibir la manifestación de conservar la nacionalidad española, aunque no sea la misma oficina o departamento dentro del Consulado General en atención al reparto de asuntos que se tramitan. Los Registros Consulares, a cargo de los Cónsules de España, integran el Registro Civil (art. 10 LRC) y tienen su sede en el Consulado General. Finalmente, examinados los arts. 63 a 68 LRC y los arts. 220 a 237 RRC, cuando consta que se ha hecho la manifestación de querer conservar la nacionalidad tampoco se ve inconveniente en que se practique la inscripción. Por todo ello, se estima el recurso de casación, se anula la sentencia recurrida y, en su lugar, se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado y se confirma la sentencia de primera instancia por la que se estimó la demanda del actor».

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