Ley de Partidos en la República Dominicana: una inconstitucionalidad confirmada

Tribunal-Constitucional (1)

En su comunicado número 14/19, de 8 de mayo de 2019, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana informó acerca de la decisión adoptada con relación a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el párrafo III del artículo 45 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. El artículo 45 de la indicada ley hace referencia al proceso para la selección de candidatos a ser postulados a cargos de elección popular; y al precisar el contenido del párrafo III, lo hace en los siguientes términos: “Párrafo III: El organismo competente en cada partido, agrupación y movimiento político de conformidad con la presente ley para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatas son los siguientes: Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité Nacional o el equivalente a uno de estos, de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar.” En la acción de inconstitucionalidad contra la disposición legal arriba citada se planteó que la misma vulnera la democracia interna de las organizaciones políticas al impedir la participación de la membresía en decisiones de gran trascendencia como la modificación de sus estatutos. ¿Cómo vulnera esa disposición legal la democracia interna de los partidos y el derecho de sus miembros a participar en los mecanismos de toma de decisiones? De acuerdo con los accionantes en inconstitucionalidad, lo vulnera al otorgar competencia a organismos no facultados por los estatutos de los partidos a tomar decisiones que, por vía de consecuencia, impiden la participación de los miembros de dichas organizaciones. Al conocer de esos argumentos, el tribunal encargado de garantizar la supremacía de la Constitución, otorgó ganancia de causa a los peticionarios, indicando que “no es conforme con la Constitución la expresión del párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18…”. De igual manera, el alto tribunal pronunció la nulidad de esa parte de la ley; y declaró que la interpretación constitucional correcta es que será el organismo señalado por los estatutos el que tendrá la facultad de determinar el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos, así como la modalidad y método a utilizar en ese proceso de selección.

Véase el artículo del Ex Presidente Leonel Fernández

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