El Tribunal Supremo reconoce que el Gobierno de Gibraltar está legitimado para ejercer el derecho de rectificación en España

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 13 de septiembre de 2017,  ha reconocido que el Gobierno de Gibraltar está legitimado para litigar en España en ejercicio del derecho de rectificación sobre informaciones publicadas en medios de comunicación españoles que sean perjudiciales para las instituciones y la sociedad gibraltareñas. La Sala indica que, aunque Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, conforme a la legislación interna española reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles para ejercer dicho derecho. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, reconoce al Gobierno de Gibraltar capacidad para ser parte y capacidad procesal, de conformidad con el art. 9.11 del Código civil, que se remite a la ley personal aplicable para determinar la personalidad jurídica y, con ello, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. De este modo, si bien Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, por tratarse de una colonia de la corona británica, conforme a su legislación interna reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles. Por otra parte, la publicación de hechos que afectan a Gibraltar, tanto a personas y empresas radicadas en ella como a sus instituciones, relacionadas con actividades reprobables y en su mayoría ilícitas (contrabando, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, secreto bancario y, en general, conexiones con redes criminales) afecta a las instituciones gibraltareñas, por la permisividad que se atribuye a las autoridades en relación con estas actividades, y resulta negativa para la sociedad gibraltareña en su conjunto. Por ello, la sentencia reconoce al Gobierno de Gibraltar legitimación activa en el ejercicio del derecho de rectificación de las informaciones publicadas.

 

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