La Sentencia del Tribunal General, Sala Primera, de 10 de mayo de 2017 (T-754/14: Efler y otros / Comisión) considera que la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea «Stop TTIP» no constituye una injerencia inadmisible en el desarrollo del procedimiento legislativo sino el detonante legítimo de un debate democrático en el momento oportuno. La propuesta pretende: a)  impedir el TTIP y el CETA porque los proyectos de acuerdo incluyen, según afirman los organizadores, diversos aspectos problemáticos (procedimientos de resolución de litigios entre inversores y Estados, disposiciones sobre la cooperación reguladora que suponen una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho); b) evitar que (i) negociaciones carentes de transparencia debiliten los estándares de protección laboral, social, medioambiental, de la intimidad y de los consumidores, y que (ii) se desregulen los servicios públicos (por ejemplo, el suministro de agua) y la cultura;  y c) apoyar «una política comercial y de inversiones diferente en la Unión Europea». Por Decisión de 10 de septiembre de 2014 la Comisión había denegado el registro de esta propuesta por considerar que quedaba fuera del ámbito de sus competencias.