El arbitraje comercial sigue en auge en Canadá, según revela el Canadian Arbitration Report-2024) dirigido por la profesora Janet Walker y el Honorable Barry Leon, con el apoyo de FTI Consulting. El estudio, basado en datos del período 2020-2022, constituye el primer análisis empírico de gran escala sobre la práctica arbitral en el país y ofrece un panorama alentador para el futuro.

La importancia del documento no reside únicamente en la amplitud de los datos recabados —árbitros, abogados y peritos—, sino también en su capacidad para transformar percepciones anecdóticas en información verificable, lo que dota de mayor transparencia y rigor a la comprensión del arbitraje canadiense.

Los resultados muestran una consolidación del arbitraje como mecanismo preferente de solución de controversias, a pesar de la ralentización asociada a la pandemia. El 71 % de los despachos con práctica arbitral consolidada informó de un incremento en el número de abogados dedicados a la materia, y cerca de un tercio reportó un aumento paralelo en los encargos vinculados al arbitraje. Si bien Toronto se mantiene como la sede predominante, otras ciudades —Calgary, Montreal y Vancouver— han reforzado su posición, apoyadas en instituciones consolidadas como ADRIC, ADR Chambers o VanIAC, que ofrecen un marco institucional moderno y facilidades técnicas para la conducción de procedimientos.

El estudio revela igualmente un proceso de renovación generacional. Casi un tercio de los árbitros encuestados cuenta con menos de cinco años de experiencia en esa función, lo que refleja la incorporación de jóvenes profesionales formados en centros internacionales como Londres, París o Nueva York. Esta tendencia convive con el reto de la diversidad: el 30 % de los árbitros y el 36 % de los abogados fueron mujeres, mientras que la participación de grupos históricamente subrepresentados no supera el 10 % en la composición de tribunales. Aunque las cifras muestran un progreso gradual, la plena paridad sigue siendo una meta lejana.

En cuanto al perfil de los casos, el arbitraje doméstico domina en número, generalmente con litigios inferiores a los cinco millones de dólares canadienses y audiencias de corta duración. El arbitraje internacional, en cambio, concentra disputas de mayor cuantía —en muchos supuestos por encima de los veinte millones de dólares canadienses— y recurre en mayor medida a la administración institucional a través de la CCI, el CIADI o la AAA/ICDR. Ello evidencia una doble escala en la práctica canadiense: procedimientos internos de carácter más pragmático y procedimientos internacionales que responden a dinámicas propias de los grandes foros globales.

Respecto de las motivaciones, la encuesta confirma que los abogados recomiendan de manera generalizada la inclusión de cláusulas compromisorias. Entre las razones esgrimidas destacan la eficiencia, la experiencia de los árbitros, la confidencialidad y la facilidad de ejecución de los laudos. En cambio, las principales reservas se refieren a la ausencia de mecanismos de apelación y a la percepción de costos elevados en determinados casos.

Un dato especialmente significativo es el elevado nivel de satisfacción de los usuarios: el 82 % de los encuestados declaró estar satisfecho o muy satisfecho con la experiencia arbitral, al subrayar la eficiencia temporal y económica de los procedimientos y la calidad de las audiencias. Las sugerencias para reforzar este marco abarcan desde la armonización legislativa en materia de arbitraje comercial doméstico hasta la ampliación de oportunidades para árbitros jóvenes y de perfiles diversos, pasando por una promoción más decidida de Canadá como sede de arbitraje internacional.

El informe, de más de 60 páginas y acompañado de un anexo estadístico de gran detalle, debe interpretarse como un hito para la comunidad arbitral canadiense. No solo ofrece una fotografía de la práctica actual, sino que también proyecta un horizonte de consolidación en el que Canadá, gracias a su estabilidad jurídica, su tradición bilingüe y bijural y sus costos competitivos, emerge como un escenario idóneo para la resolución de disputas tanto nacionales como internacionales.