Catorce años después de la reforma del Code de procédure civile de 2011, Francia impulsa la creación de un Código de Arbitraje para modernizar su marco legal y mantener su liderazgo internacional en la materia. En 2024 se conformó un grupo de trabajo con expertos del sector, que presentó su Rapport et propositions de réforme en marzo de 2025. La propuesta de nuevo Código, compuesto por 146 artículos y 40 propuestas, busca reforzar la autonomía del arbitraje, adaptarlo a las necesidades actuales y garantizar seguridad jurídica. Las propuestas apuntan a un arbitraje más flexible, protector y eficaz. También se promueve su articulación con otros textos legales y la formación de sus principales actores.
Antecedentes
Catorce años después de la importante reforma del arbitraje francés en 2011, el Ministerio de Justicia consideró necesaria una nueva evaluación y modernización del Derecho de arbitraje, en un contexto internacional marcado por reformas similares en diversos países. Con el objetivo de mantener el liderazgo de Francia y de París como sede destacada del arbitraje internacional, en 2023 se encargó al profesor Thomas Clay la elaboración de propuestas de reforma. Tras más de un año de reflexión y trabajo conjunto entre expertos del mundo jurídico (magistrados, abogados, académicos y representantes de centros de arbitraje), se constituyó formalmente un grupo de trabajo en noviembre de 2024, copresidido por François Ancel y Thomas Clay, que se reunió en varias sesiones entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, y presentó su informe final en marzo de 2025. A pesar de un calendario limitado, se llevaron a cabo audiencias, consultas y debates, logrando un trabajo colectivo sólido. El objetivo no era reemplazar la reforma de 2011, sino prolongarla, actualizarla y consolidar su éxito, respondiendo al nuevo contexto global y jurídico. La reforma se inspira en los avances jurisprudenciales, la experiencia comparada y la necesidad de superar normas obsoletas, como ciertos artículos del Código civil.
Equilibrio entre autonomía, seguridad jurídica y adaptabilidad práctica
La reforma, sin pretender preverlo todo, busca mantener un equilibrio entre autonomía, seguridad jurídica y adaptabilidad práctica. El grupo de trabajo defiende un arbitraje accesible, moderno, justo y seguro, basado en principios sólidos y en la continuidad histórica del derecho francés. Así, el proyecto de Código de Arbitraje refuerza el papel de Francia como modelo internacional y reafirma la ambición de un arbitraje abierto, eficaz y fiel a sus fundamentos.
Contenido del Proyecto de Código de Arbitraje
El proyecto de Código de Arbitraje francés consta de 146 artículos y 40 propuestas. Nueve de estas propuestas son consideradas estructurales, ya que transforman de manera significativa la forma en que se concibe y gestiona el arbitraje dentro del sistema judicial, aunque no eliminan el derecho vigente, sino que lo prolongan y modernizan. Todas ellas comparten el objetivo de reforzar la autonomía del derecho del arbitraje, destacando su especificidad y singularidad dentro del marco jurídico. Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de un código propio para el arbitraje, la clarificación de las fuentes legislativas existentes (como los artículos 2059 a 2061 del Código Civil), la unificación de normas aplicables tanto al arbitraje nacional como internacional salvo excepciones, la formulación de principios directores, y la centralización del tratamiento de litigios arbitrales en la jurisdicción judicial especializada. Se incorporan, además, treinta propuestas adicionales que suponen modificaciones importantes al derecho arbitral francés. Varias de ellas buscan un sistema de arbitraje más flexible, adaptado a las necesidades de los operadores económicos y de la práctica profesional, lo cual se traduce en la reducción del formalismo innecesario, la adopción de normas más abiertas inspiradas en el arbitraje internacional, y el respeto a la voluntad de las partes. Por ejemplo, se propone eliminar la exigencia de formalismos para la cláusula compromisoria, facilitar la firma de la sentencia, reconocer legalmente la sentencia en formato electrónico y flexibilizar su comunicación a las partes.
Otras propuestas sostienen un enfoque más protector, especialmente hacia las partes vulnerables o ante materias sensibles. Se reafirma la necesidad de independencia e imparcialidad de los árbitros, se mantiene la imparidad en la composición del tribunal arbitral y se excluye el arbitraje llevado por personas jurídicas o algoritmos. También se contemplan medidas para compensar la falta de recursos económicos de una parte, se prohíbe renunciar anticipadamente a recursos, y se imponen normas especiales en materia de consumo, trabajo y familia.
Asimismo, se introducen disposiciones que permiten la intervención de terceros en procedimientos de apelación o la oposición a sentencias judiciales relacionadas con laudos arbitrales.
Reforzamiento de la eficacia del arbitraje
Una parte importante del proyecto busca reforzar la eficacia del arbitraje, tanto en el desarrollo del procedimiento como en la ejecución de los laudos y en los recursos judiciales. Se propone consolidar el principio de competencia-competencia, permitir la acumulación de litigios en una sola instancia, autorizar al tribunal arbitral a imponer sanciones y exigir que las partes presenten sus alegatos oportunamente. El juez de apoyo ve ampliadas sus funciones, incluyendo evitar denegaciones de justicia, asegurar la igualdad de las partes, intervenir ante dificultades económicas o facilitar la ejecución de medidas provisionales dictadas por los árbitros. También se busca facilitar el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales, incluyendo la creación de un libro específico dentro del código para tratar estos aspectos. Entre otras medidas, se destaca la posibilidad de solicitar o impugnar el reconocimiento de laudos extranjeros, eliminar el efecto suspensivo de los recursos en materia interna, clarificar el régimen del execuátur y establecer mecanismos para corregir laudos con el fin de permitir su ejecución. También, se propone instaurar un procedimiento especializado ante la corte de apelación para tratar los litigios arbitrales, con reglas más claras y diálogo reforzado con las partes. Por último, el proyecto incluye propuestas para mejorar la coherencia entre el nuevo Código de Arbitraje y el resto del ordenamiento jurídico, así como para promover el conocimiento, la formación y la valorización del derecho del arbitraje entre sus actores principales.
