En el transcurso de una reunión telemática mantenida con los directores y secretarios generales de la Red de Cámaras de Comercio, el presidente del Centro Español de Mediación (CEM), Rafael Catalá, compartió una visión clara y entusiasta sobre el impulso que la nueva Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, supondría para la mediación en España.
Con tono firme y convencido, Catalá explicó cómo esta transformación legislativa, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 3 de abril, traería consigo un cambio sustancial: la obligatoriedad de intentar alcanzar un acuerdo mediante un Método Alternativo de Resolución de Conflictos (MASC), como la mediación, antes de acudir a los tribunales. Para Catalá, aquel marco normativo abría una puerta decisiva al fortalecimiento del papel de las Cámaras de Comercio como referentes en la resolución de conflictos empresariales. En sus palabras, la nueva ley se presentaba como una ocasión privilegiada para consolidar el servicio que la red cameral venía prestando, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. “Todas las empresas, en algún momento, se enfrentan a tensiones, litigios o desacuerdos, ya sea con clientes o con empleados”, recordó Catalá. Que las Cámaras pudieran emerger como espacios capaces de canalizar y resolver esos conflictos de forma ágil y constructiva era, en su opinión, una oportunidad extraordinaria que no debía desaprovecharse. Cerró su intervención con un llamamiento a la acción: “Esperemos que nos lleguen miles de asuntos; tenemos el desafío de hacer pedagogía, de explicar a las empresas qué es la mediación y por qué les conviene”. Junto a él intervino el secretario general del CEM, Fernando Cabello de los Cobos, quien reforzó el mensaje ofreciendo a las 84 Cámaras de Comercio el conjunto de herramientas diseñadas por el Centro para asegurar un servicio de mediación profesional, eficaz y accesible. Cabello de los Cobos acogió con satisfacción la nueva norma, a la que calificó de muy esperada. Reconoció que su aplicación supondría una alteración significativa en las dinámicas actuales, y que no estaba exenta de retos. Sin embargo, subrayó que, más allá de las dificultades iniciales, la ley constituía una excelente noticia, especialmente para las Cámaras, llamadas ahora a desempeñar un papel decisivo en la modernización del sistema de resolución de conflictos
