INFORME CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN DD.HH. SOBRE MEMORIA HISTÓRICA
El Consejo de Ministros de 7 de mayo de 2024, tras recibir la comunicación de los relatores de la ONU sobre las iniciativas legislativas impulsadas por los gobiernos autonómicos de Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, ha sido informado sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos en materia de memoria histórica.
El Gobierno de España adoptó varias iniciativas sobre las nuevas normativas autonómicas ante distintas instancias internacionales, como Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, en defensa de los derechos humanos, la grave amenaza que representaban para la memoria democrática, la dignidad de las víctimas del franquismo y la vigencia de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Informe de Naciones Unidas
Naciones Unidas comunicó el 3 de mayo al Gobierno de España su informe relativo a las llamadas leyes de «concordia» aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, que afectan a la obligación del Estado Español en materia de derechos humanos.
El informe se emite conjuntamente por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en cumplimiento de las atribuciones conferidas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las iniciativas autonómicas son las siguientes: Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón; Proposición de Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, ya en tramitación parlamentaria por el trámite de urgencia; y Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León.
El informe recuerda que todos los poderes del Estado español, ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de gobierno -nacional, regional o local- están obligadas a proteger los derechos humanos y a garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos, y que el incumplimiento de estas obligaciones compromete la responsabilidad del Estado español.
Según los autores del informe, las iniciativas legislativas de estas comunidades autónomas no hacen referencia explícita a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista, suprimen entidades y actividades de memoria histórica y olvidan en algunos casos instrumentos preexistentes, como mapa de fosas, actividades dirigidas a localización, exhumación, identificación de desaparecidos o protocolo que garantice el rigor científico.
En suma, las nuevas normas invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial o su responsabilidad por los crímenes.
Derechos Humanos
Los autores del informe alertan al Gobierno de España «sobre los estándares y normas internacionales aplicables», en particular, recuerdan el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1977. Asimismo, advierten de que la resolución 33/19 del Consejo de Derechos Humanos «reconoce que los procesos de preservación de la memoria histórica y la conservación de archivos y otras pruebas veraces sobre las violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sirven para que nunca se olviden esos crímenes y contribuyen a impedir que se repitan».
Otros compromisos y convenios internacionales sobre derechos humanos se incumplirían, por lo que los relatores instan al Gobierno de España a adoptar «todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos», razón por la que el ministro Torres ha anunciado «la apertura del 33.2 e iniciativas ante la ONU, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo y a cuantas instancias sea necesario para preservar los derechos humanos».
Ley de Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática (LMD) incluye preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de la violencia política o totalitarismo.
Esta Ley vino a dar respuesta a cuestiones pendientes puestas de manifiesto por distintos organismos internacionales en el ámbito de los derechos humanos. Por tanto, la Ley de Memoria Democrática se inscribe en el proceso de internacionalización creciente del desarrollo de las políticas de memoria democrática en España, desde que España se sumó, con la democracia, a todos los tratados internacionales de Derechos Humanos.
La propia exposición de motivos de la Ley hace referencia también, en el ámbito europeo, al informe del Consejo de Europa de 2006, que condenaba las «graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista», o a la Resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009, expresando la firme voluntad de «construir una sólida identidad común europea en torno a los valores democráticos y contra toda forma de totalitarismo».
La Ley encuentra un sólido anclaje en el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y fomenta «un discurso basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana».
Estado autonómico
En nuestro Estado autonómico, las comunidades autónomas tienen muy importantes competencias y la aplicación de la Memoria Democrática es una materia transversal que implica a todas las administraciones públicas, también a las comunidades autónomas, que deben garantizar las previsiones de la LMD, en particular, las que atribuyen auténticos derechos subjetivos a los ciudadanos.
Para ello, el Gobierno de España ha manifestado tener su mano tendida siempre para el diálogo y el acuerdo con el objetivo de garantizar estas previsiones.
Aragón
El Gobierno comunicará hoy a Aragón la apertura del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para abrir un periodo de diálogo y reconducir su ley, que deroga su anterior normativa sobre memoria democrática, antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Comunitat Valenciana y Castilla y León
El Gobierno de España sigue abierto al diálogo y a la negociación también con Comunitat Valenciana y Castilla y León para que las dificultades de constitucionalidad que ahora se aprecian puedan ser corregidas y garantizar así el cumplimiento de los principios internacionales de derechos humanos.
En todo caso, de mantenerse las proposiciones de Ley de Castilla y León y Comunitat Valenciana en el sentido actual, y llegar a aprobarse como Leyes, el Gobierno procederá del mismo modo y solicitaría la apertura del procedimiento del artículo 33.2 de la LOTC para reclamar las adaptaciones necesarias.
Compromiso del Gobierno de España con el Derecho internacional
En relación con la comunicación de los Relatores y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, fechado el pasado 30 de abril de 2024, se ha procedido a remitir a las comunidades autónomas afectadas la misma, para su conocimiento y efectos oportunos.
El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, procederá a dar respuesta a la información solicitada por los Relatores y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas al Reino de España.
