El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid inauguró el 28 de noviembre, su Sección de Arbitraje. En la sesión se abordó el tema “Arbitraje, sus mejoras hoy: nuevos retos para descongestionar Juzgados” a fin de repensar el papel que puede desempeñar la institución arbitral en una sociedad cada vez más compleja e invitar a una reflexión general sobre la interrelación que debe darse necesariamente entre jurisdicción ordinaria y arbitraje.
Tras las palabras de bienvenida ofrecidas por el Presidente de la Corte de Arbitraje José Ignacio Monedero en las que glosó las primeras iniciativas de la Corte para impulsar la práctica del arbitraje en Madrid, realizaron sus respectivas presentaciones los nuevos responsables de la Sección (Nazareth Romero, Elena Sevila y Pedro Claros Alegría). A continuación los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a la ponente Elena Otero-Novas Miranda y la brillante e interesante intervención del Magistrado jubilado Antonio García Paredes, ex presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Por último se estableció un debate entre los miembros de la mesa y los asistentes al evento.
Elena Otero-Novas Miranda, Presidenta de la Corte Española de Arbitraje. Cámara España. Directora de Legal, Regulación y Seguridad Corporativa Vodafone España, definió el arbitraje como una herramienta arraigada en la actividad empresarial, que ofrece grandes ventajas en un momento de incertidumbre y gran litigiosidad como el actual pues los árbitros son expertos en las materias que tratan y los procedimientos son flexibles, ágiles y eficientes. Se trata de una vía respaldada por una legislación avanzada y una comunidad arbitral dinámica y vibrante, por ello invitó a los abogados madrileños a acercarse a este método alternativo de resolución de controversias, participar en sus instituciones y darlo a conocer. Por su parte, el Magistrado Jubilado Antonio García Paredes demostró a lo largo de su intervención un profundo conocimiento del desarrollo del arbitraje en España apuntando sus ventajas y su necesaria coexistencia con la administración de la Justicia.
