El Consejo de la Unión Europea adopta un reglamento y una directiva sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas (e-evidence) (27 junio 2023)

El Consejo ha adoptado el 27 de junio un Reglamento y una Directiva sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas (e-evidence). Las pruebas electrónicas se refieren a datos digitales, como correos electrónicos, mensajes de texto y datos de tráfico, que se utilizan para investigar y enjuiciar delitos penales.

Las nuevas normas facilitarán a las autoridades policiales y judiciales la obtención de dichas pruebas y mejorarán el acceso de las autoridades policiales y judiciales a las pruebas electrónicas, especialmente cuando se encuentran en otros países. Se considera que ello constituye un paso crucial para luchar contra la delincuencia en la UE.

Antecedentes

En la era digital, los delincuentes utilizan cada vez más los servicios y herramientas tecnológicos para planificar y cometer delitos. Como resultado, la evidencia electrónica se está volviendo esencial para combatir el crimen: actualmente, el 85% de las investigaciones criminales involucran datos digitales.

Hasta ahora, acceder a pruebas electrónicas en poder de proveedores de servicios con sede en otro estado miembro ha sido un proceso largo y complicado. Los proveedores de servicios en línea almacenan los datos de los usuarios en servidores que pueden estar ubicados en varios países, tanto dentro como fuera de la UE, lo que ha hecho que sea mucho más difícil para las autoridades judiciales recopilar pruebas electrónicas.

En abril de 2018, tras los llamamientos del Consejo Europeo y del Consejo, la Comisión Europea propuso nuevas normas para facilitar y acelerar el acceso de las autoridades a las pruebas electrónicas,  independientemente de la ubicación de los datos.

Según la propuesta inicial de la Comisión, las nuevas normas permitirían a las autoridades judiciales de un país de la UE solicitar directamente acceso  a pruebas electrónicas a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en la Unión Europea y esté establecido o representado en otro estado miembro.

Esto aceleraría la solicitud de acceso, ya que no habría necesidad de pasar por las autoridades del otro Estado miembro.

¿Qué es la prueba electrónica?

La revolución digital está redefiniendo todos los aspectos de la sociedad y el crimen no es una excepción. Cada vez más delincuentes utilizan la tecnología para planificar y cometer delitos. Como resultado, las autoridades dependen cada vez más de las pruebas electrónicas para rastrear y condenar a los delincuentes.

Las pruebas electrónicas, o ‘e-evidence’, se refieren a datos digitales que se utilizan para investigar y enjuiciar delitos penales.

Entre otras cosas, incluye:

  • correos electrónicos
  • mensajes de texto o contenido de aplicaciones de mensajería
  • contenido audiovisual
  • información sobre la cuenta en línea de un usuario

Dichos datos pueden utilizarse para identificar a una persona u obtener más información sobre sus actividades.

El problema del acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas

Obtener acceso a las pruebas electrónicas puede ser un proceso largo y complicado para las autoridades porque a menudo se guardan en otro país. Los proveedores de servicios en línea almacenan los datos de los usuarios en servidores que pueden estar ubicados en varios países, tanto dentro como fuera de la UE.

Esto hace que sea mucho más difícil para las autoridades judiciales recopilar pruebas electrónicas, ya que tienen que pasar por procedimientos largos y complicados para obtener acceso a ellas.

Debe tenerse en cuenta que en más del 50 % de todas las investigaciones penales se realiza una solicitud transfronteriza para obtener pruebas electrónicas.

Órdenes europeas de producción y conservación

De acuerdo con las nuevas reglas, las autoridades judiciales podrán solicitar pruebas electrónicas directamente a los proveedores de servicios, como empresas de telecomunicaciones o redes sociales, con sede en otro estado miembro. Los proveedores de servicios estarán obligados a responder en un plazo de 10 días, u 8 horas en casos de emergencia.

A través de una orden de conservación europea, las autoridades judiciales pueden impedir que los proveedores de servicios extranjeros eliminen datos. Esto permitiría a las autoridades solicitar esta información en una etapa posterior.

Establecimiento designado y representante legal

Los proveedores de servicios que ofrecen sus servicios en la UE deben designar un representante legal o designar un establecimiento al que las autoridades judiciales puedan enviar sus órdenes de pruebas electrónicas. Su función será la recepción, cumplimiento y ejecución de las órdenes europeas de producción y conservación. El representante legal deberá estar físicamente presente en la UE.

Tanto el establecimiento designado o representante legal como el propio prestador de servicios pueden ser considerados responsables si no cumplen con las órdenes. Los estados miembros deben asegurarse de que existan sanciones en caso de incumplimiento.

Actividades futuras

El reglamento sobre órdenes europeas de entrega y conservación es vinculante en todos sus elementos en todos los estados miembros y será aplicable 36 meses después de su entrada en vigor. La directiva sobre designación de establecimientos y nombramiento de representantes legales deberá transponerse en el plazo de 30 meses desde su entrada en vigor (lo que garantizará que los representantes legales estén en vigor una vez que el reglamento entre en vigor).

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