- Estados de emergencia: muchos gobiernos continúan levantando estados de emergencia o equivalentes para gestionar la pandemia, pero a menudo amplían o imponen otras medidas de crisis. Los tribunales, los órganos nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil siguen cuestionando la legalidad de las restricciones a los derechos fundamentales.
- Vida diaria: aunque los gobiernos aliviaron gradualmente las restricciones, todos los gobiernos de la UE mantienen medidas de distanciamiento físico. Estos incluyen el uso de máscaras en algunos lugares y los pedidos para quedarse en casa para quienes padecen Covid-19. A medida que los Estados miembros reabren las escuelas y planifican el próximo año escolar, varias evaluaciones subrayan que los niños de entornos desfavorecidos carecen de equipo y apoyo para la educación a distancia. Con muchas personas trabajando nuevamente, los estudios apuntan al impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres en lo que respecta al equilibrio entre la vida laboral y familiar y las responsabilidades de cuidado. Los sistemas judiciales también continúan volviendo a la normalidad. Intentaron eliminar los casos atrasados mediante más horas o más personal. Muchos todavía usan audiencias por video para algunos casos. Los Estados miembros continúan flexibilizando los controles temporales en sus fronteras internas y restringiendo los viajes a la UE de acuerdo con las recomendaciones de la UE.
- Grupos vulnerables: las medidas de Covid-19 continúan afectando más a algunos grupos. Se aliviaron las restricciones para las personas mayores y las personas con discapacidad en instituciones. Pero a veces las pautas de visita son demasiado complejas o las restricciones se implementan en exceso o son desproporcionadas, lo que conduce a un mayor estrés y soledad. Algunos Estados miembros llevan a cabo iniciativas para contrarrestar el impacto en las comunidades romaníes, como programas educativos o acceso a la información y la asistencia sanitaria. Algunos también apoyan a las víctimas del aumento de la violencia doméstica, abriendo nuevos refugios, redes de apoyo y más fondos para proteger mejor a las víctimas.
- Preocupaciones digitales: muchos Estados miembros trabajan en aplicaciones de rastreo de contactos y otras herramientas tecnológicas, incluido el uso de drones y otras formas de vigilancia para combatir la pandemia. Los organismos de protección de datos siguen pidiendo claridad jurídica sobre el uso de tales herramientas. Los gobiernos continúan luchando contra la desinformación mejorando la transparencia en las estadísticas de virus, creando plataformas dedicadas y financiamiento de medios.
- Racismo: la pandemia está avivando aún más la intolerancia hacia las minorías. En varios Estados miembros, los políticos presuntamente utilizaron un lenguaje racista y xenófobo. Algunos países también informaron sobre perfiles raciales y aplicación desproporcionada de restricciones relacionadas con Covid-19 hacia grupos étnicos minoritarios.