La Comisión ha iniciado el 2 de julio de 2018 un procedimiento de infracción con el envío de una carta de emplazamiento a Polonia en relación con la Ley del Tribunal Supremo de ese país. Dicha iniciativa esta motivada por que el 3 de julio, 27 de los 72 magistrados del Tribunal Supremo —más de uno de cada tres magistrados— correrán el riesgo de verse obligados a jubilarse, debido a que la nueva Ley del Tribunal Supremo polaca baja la edad jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años. Esta medida se aplica también al primer presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años se vería prematuramente interrumpido. De acuerdo con la Ley, se ofrece a los actuales magistrados la posibilidad de declarar su voluntad de obtener del presidente de la República una prolongación de su mandato, que este puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez. No hay criterios establecidos a los que deba atenerse la decisión del presidente ni posibilidad de recurrir judicialmente esta decisión. La Comisión opina que estas medidas socavan el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de jueces y magistrados, y en consecuencia Polonia incumple sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aunque el Tribunal Supremo de Polonia ya ha sido objeto de debate en el diálogo sobre el Estado de Derecho entre la Comisión y las autoridades polacas, no se ha tratado de manera satisfactoria a lo largo de este proceso. La Comisión considera que la introducción de una consulta al Consejo Nacional del Poder Judicial no constituye una salvaguardia efectiva, como aducen las autoridades polacas. El dictamen de este órgano no es vinculante y se basa en criterios imprecisos. Además, tras la reforma de 8 de diciembre de 2017, el Consejo Nacional del Poder Judicial está integrado ahora por jueces-miembros designados por el Parlamento polaco, lo que no es acorde con las normas europeas sobre independencia del poder judicial. Teniendo en cuenta la falta de avance del diálogo sobre el Estado de Derecho, y la inminente aplicación del nuevo régimen de jubilación para los magistrados del Tribunal Supremo, la Comisión ha decidido incoar este procedimiento de infracción con carácter de urgencia. El Gobierno polaco dispondrá de un mes para responder a la carta de emplazamiento de la Comisión. Al mismo tiempo, la Comisión manifiesta su disposición a proseguir el diálogo sobre el Estado de Derecho ya iniciado con Polonia, que sigue siendo el canal que la Comisión prefiere para resolver la amenaza sistémica que se cierne sobre el Estado de Derecho en Polonia.