En el Consejo de Justicia celebrado el 8 de junio de 20917 veinte Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y Eslovenia) han llegado a un acuerdo político por el que se establece una nueva Fiscalía Europea (European Public Prosecutor’s Office) con arreglo a un mecanismo de cooperación reforzado. Tras su instauración, la Fiscalía independiente de la UE gozará de facultades de investigación y persecución de las causas penales que afecten al presupuesto de la UE, como la corrupción y el fraude que impliquen fondos de la UE o los casos transfronterizos de fraude del IVA. Se tratará de un organismo sólido, independiente y eficiente, especializado en luchar contra los delitos financieros en toda la UE. El Parlamento Europeo tiene ahora que otorgar su aprobación.
