El Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) publicó el 13 de julio de 2026 el Report on Party-Appointed Expert Witnesses in International Arbitration: Effectiveness and Best Practice, un documento de referencia destinado a mejorar la utilización de la prueba pericial en el arbitraje internacional.
La prueba pericial constituye uno de los elementos más decisivos en el arbitraje internacional contemporáneo, especialmente en controversias de elevada complejidad técnica, financiera o científica. Partiendo de esta constatación, el Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) ha publicado el Report on Party-Appointed Expert Witnesses in International Arbitration:: Effectiveness and Best Practice, elaborado en el marco de la iniciativa Maximising the Effectiveness of Party-Appointed Expert Witness Evidence in ADR, puesta en marcha en 2024 con el propósito de identificar las principales dificultades que plantea la utilización de expertos designados por las partes y proponer criterios de buenas prácticas para mejorar su contribución al proceso arbitral.
El informe no pretende establecer normas vinculantes ni modificar los distintos modelos procesales existentes, sino ofrecer una guía práctica basada en la experiencia de la comunidad arbitral internacional. Para ello combina un análisis empírico con recomendaciones dirigidas a árbitros, abogados, peritos e instituciones arbitrales, respetando la diversidad de tradiciones procesales y la flexibilidad que caracteriza al arbitraje internacional. Su finalidad es reforzar la utilidad de la prueba pericial mediante una intervención más temprana de los expertos, una comunicación más eficaz entre tribunales, abogados y peritos, y una mayor transparencia en la elaboración y presentación de los informes técnicos.
Uno de los rasgos más destacados del proyecto es la amplitud de la consulta internacional que lo sustenta. El informe se apoya en una encuesta global con 419 participantes, complementada con grupos de trabajo regionales en América, Europa y África, Oriente Medio y Asia-Pacífico, así como con seminarios y consultas en las que participaron árbitros, abogados externos, abogados de empresa, peritos, instituciones arbitrales y especialistas de distintas disciplinas. El objetivo no ha sido determinar un modelo único de actuación, sino identificar tendencias comunes, puntos de consenso y áreas en las que persisten diferencias significativas entre los distintos operadores del arbitraje.
Entre las principales conclusiones figura la conveniencia de que los tribunales arbitrales desempeñen un papel más activo en la gestión de la prueba pericial desde las primeras fases del procedimiento. El informe pone de relieve el amplio consenso existente en favor de una intervención temprana de los expertos, de reuniones iniciales para acordar metodologías y bases de datos comunes, y de una participación más intensa del tribunal mediante preguntas dirigidas a los peritos tras la presentación de los primeros informes. Asimismo, identifica como una de las preocupaciones recurrentes la excesiva influencia que, en ocasiones, pueden ejercer los abogados sobre los expertos designados por las partes, circunstancia que puede comprometer la percepción de independencia de la prueba pericial.
Las recomendaciones formuladas por el CIArb se estructuran en torno a cuatro grandes ejes: la comunicación entre tribunales, abogados y peritos; la planificación temporal de la intervención de los expertos; los mecanismos destinados a facilitar la comprensión de la prueba técnica por el tribunal; y el desarrollo de la audiencia y de las actuaciones posteriores. El informe incorpora, además, propuestas de redacción para órdenes procesales y otras herramientas destinadas a facilitar la aplicación práctica de estas recomendaciones por los tribunales arbitrales.
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