En su crónica LAW2025: Llamado a refrescar el arbitraje y proteger el estado de derecho (3 de diciembre de 2025), Andrew Mizner recoge la intervención del profesor Stavros Brekoulakis durante la Conferencia Insignia de la London Arbitration Week, donde defendió el papel central del arbitraje internacional en la arquitectura del estado de derecho, al tiempo que reconoció la necesidad de reformas para preservar su legitimidad.

Brekoulakis, presidente de arbitraje internacional en la Universidad Nacional de Singapur y árbitro en 3 Verulam Buildings de Londres, sostuvo que el sistema internacional basado en normas, construido tras la Segunda Guerra Mundial y consolidado en los años noventa en torno a la Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional y una red de tratados bilaterales y multilaterales, atraviesa una etapa de fuerte tensión. Mencionó como síntomas el recurso a aranceles comerciales, la paralización del Órgano de Apelación de la OMC y el abandono del Tratado sobre la Carta de la Energía por parte de diversos Estados y de la Comisión Europea.

A su juicio, las críticas actuales al arbitraje, en especial al arbitraje entre inversores y Estados, ya no se limitan a cuestiones procedimentales. Se cuestiona la premisa misma de que los Estados deban someterse a reglas comerciales y a mecanismos independientes de resolución de disputas. El incumplimiento de tratados comienza a presentarse como expresión legítima de voluntad democrática en un contexto de política internacional más transaccional.

No obstante, el académico reconoció que el propio sistema arbitral ha contribuido a la pérdida de confianza. Señaló que algunos tratados adoptaron formulaciones excesivamente amplias y que ciertas reclamaciones ignoraron preocupaciones ambientales y de salud pública. Subrayó que el arbitraje no solo debe ser justo, sino también percibido como legítimo y sensible al interés público.

En este contexto, expresó inquietud por casos como el laudo posteriormente anulado en P&ID v Nigeria y planteó la conveniencia de un mayor escrutinio de los laudos, especialmente en controversias que involucren a Estados o intereses públicos significativos. Consideró que una forma moderada de revisión o apelación podría fortalecer el estado de derecho internacional y renovar la confianza en las instituciones arbitrales.

El debate continuó con intervenciones centradas en el equilibrio entre protección de inversiones y regulación ambiental. Mariana Pinto Schmidt, abogada del gobierno chileno, advirtió del riesgo de “enfriamiento regulatorio”, es decir, que la amenaza de arbitrajes pueda disuadir a los Estados de adoptar políticas ambiciosas en materia climática. Kai-Uwe Karl, de GE Renewable Energy, coincidió en que el sector de energías renovables es un ámbito donde confluyen intereses públicos y privados y surgen controversias complejas.

La sesión concluyó con la constatación de que los tratados de inversión más recientes incorporan redacciones más precisas y orientaciones más claras para los tribunales arbitrales, en un intento de equilibrar la protección de la inversión con el derecho de los Estados a regular.

El mensaje central del evento fue claro: el arbitraje internacional sigue siendo un componente esencial del orden jurídico global, pero necesita ajustes estructurales y mayor sensibilidad institucional para mantener su relevancia y legitimidad en un entorno político cada vez más exigente.