El último informe anual de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) muestra un aumento continuo de su actividad. En los próximos años, seguirá aumentando, a medida que la detección y la denuncia del fraude en la UE sigan mejorando y sus oficinas en Polonia y Suecia entren en funcionamiento. Las cifras de este año demuestran que la EPPO se ha convertido en un elemento central de cualquier reflexión seria sobre el futuro de la denominada arquitectura antifraude de la UE. 

A finales de 2024, la Fiscalía Europea tenía en curso un total de 2.666 investigaciones (un aumento del 38 % respecto al año anterior), con un daño estimado para el presupuesto de la UE de 24.800 millones de euros (un 22,5 % más que en 2023). Más de la mitad de los daños estimados (13.150 millones de euros) están relacionados con el fraude transfronterizo del IVA, con la participación casi sistemática de organizaciones delictivas, lo que supone un importante riesgo para la seguridad interior.  

En 2024 se abrieron más de 1 500 nuevas investigaciones (casi un 10 % más que en el año anterior), lo que representa un daño estimado de 13 070 millones de euros. Este aumento se debe principalmente a la mejora de la cooperación entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales pertinentes, y a la determinación de la Fiscalía Europea de perseguir a las organizaciones delictivas, especialmente activas en el fraude del IVA, pero también en el fraude que afecta a los fondos de la UE. 

A finales de 2024, la Fiscalía Europea tramitaba 311 casos activos relacionados con NextGenerationEU, la mayoría de los cuales (307) se derivaban del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Se estima que el daño a los intereses financieros de la UE asciende a 2.800 millones de euros, lo que representa el 30 % del daño total estimado por fraude en las subvenciones. Se espera que esta cifra aumente en el contexto de la aplicación acelerada de la financiación de NextGenerationEU.   

El aumento de las investigaciones penales ha sido una constante desde que la Fiscalía Europea inició sus operaciones, en junio de 2021, lo que demuestra que durante mucho tiempo se ha subestimado la prevalencia de los delitos contra los intereses financieros de la UE. 

Aumento de denuncias de delitos y congelamiento de activos 

En 2024, la Fiscalía Europea tramitó 6.547 denuncias por delitos (un 56 % más que el año anterior). Más del 70 % procedían de entidades privadas y cerca del 27 % de autoridades nacionales. Solo el 1,7 % procedía de instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, lo que demuestra que es necesario intensificar la detección y la notificación de sospechas de fraude a la Fiscalía Europea. 

En 2024, con 205 acusaciones presentadas (un 47% más que en 2023), la Fiscalía Europea siguió llevando a más autores de fraude en la UE a juicio ante los tribunales nacionales.  

Durante el año, la Fiscalía Europea congeló activos por valor de 849 millones de euros, lo que corresponde a los activos ya congelados, con vistas a su posible decomiso tras una sentencia firme, y representa casi 11 veces el presupuesto de la Fiscalía Europea para 2024.  

Algunas de las cifras clave, válidas al 31 de diciembre de 2024:  

2024 en cifras 

A continuación se presentan algunas de las cifras clave que aparecen en el Informe Anual, válido al 31 de diciembre de 2024: 

• Se tramitaron 6.547 denuncias por delitos (56% más que en 2023);  
• Se abrieron 1.504 investigaciones (+9,7%), con un daño estimado de 13.070 millones de euros;  
• 2.666 investigaciones activas con daños estimados en 24.800 millones de euros;  
• El 18% de las investigaciones activas (488) estaban relacionadas con el fraude del IVA, pero representan el 53% del daño total estimado (13.150 millones de euros);  
• Más de 300 investigaciones activas relacionadas con la financiación de NextGenerationEU, con un daño estimado de más de 2.800 millones de euros (+ 25%);  
• 849 millones de euros en activos efectivamente congelados ;  
• 161 órdenes de investigación europeas y solicitudes de asistencia judicial mutua enviadas a Estados miembros no participantes y a países no pertenecientes a la UE; 
• Se presentaron 205 acusaciones (+ 47%), con 869 personas imputadas;  
• Se designaron 166 Fiscales Delegados Europeos  ;  
• 275 empleados en la oficina central en Luxemburgo.