El Consejo allanado el camino para avanzar en la digitalización de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE y hacerlos más accesibles y eficaces adoptó el 8 de diciembre de 2023 un Reglamento sobre la digitalización de la cooperación judicial y el acceso a la justicia y de una Directiva de acompañamiento que facilitarán la comunicación electrónica en el contexto de los procedimientos de cooperación judicial transfronteriza en materia civil, mercantil y penal.

Antecedentes

La digitalización en los sistemas judiciales constituye un paso que no solo tiene importancia en los niveles nacionales, sino también, y sobre todo, de cara a la cooperación transfronteriza en esta materia.

El objetivo principal es mejorar el acceso a la Justicia de ciudadanos y empresas, pero también reforzar los sistemas y hacerlos más eficaces, eficientes y resilientes, favoreciendo que puedan hacer frente a retos futuros.

De hecho, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta el funcionamiento del poder judicial y evidenció la necesidad de seguir avanzando en su digitalización, lo que permitirá garantizar la continuidad del funcionamiento de los órganos judiciales en casos de fuerza mayor.

Digitalización de la Justicia en los países de la UE

La posibilidad de que los ciudadanos puedan realizar por vía electrónica algunos trámites de un procedimiento judicial se ve reflejada en la calidad de los sistemas de Justicia. Algunos países de la UE ya utilizan herramientas digitales en este ámbito, que permiten, entre otras, la posibilidad de presentar demandas por vía electrónica y de hacer un seguimiento de un procedimiento en línea, la notificación electrónica de documentos o el uso de sistemas de videoconferencia para la celebración de audiencias. No obstante, aún existe un considerable margen de mejora en la digitalización de los sistemas judiciales en los países de la UE.

Cooperación transfronteriza en materia de Justicia

En lo que respecta a los asuntos judiciales transfronterizos, actualmente, el uso de medios digitales para la comunicación entre autoridades y ciudadanos no está normalizado, especialmente por la falta de canales de comunicación seguros y de reconocimiento de documentos y firmas electrónicas. Con ello, las personas podrán comunicarse con las autoridades en los procedimientos transfronterizos de la UE enviando solicitudes o reclamaciones a través de un punto de acceso electrónico, que también servirá a las autoridades para intercambiar datos de manera segura y permitirá que las partes involucradas participen en las audiencias de manera telemática y que reciban y firmen comunicaciones en formato electrónico.

Plataforma digital para favorecer la colaboración

El Consejo aprobó en abril de 2023 una legislación por la que se establece una plataforma digital para el intercambio de información entre fiscales y jueces que trabajen en equipos conjuntos de investigación (ECI).

Dicha plataforma agiliza y protege la coordinación, el intercambio y el almacenamiento de información y pruebas en los ECI para asegurar una comunicación fiable y fluida y para facilitar la trazabilidad de las pruebas.

Nuevas disposiciones

La adopción el 8 de diciembre de 2023 del Reglamento y de la Directiva se produce pocos días después de que los Ministros de Justicia de la UE aprobaran una Estrategia de Justicia en Línea para los años 2024 a 2028. La estrategia brindará orientación a los Estados miembros en la implementación de una amplia gama de iniciativas legislativas y no legislativas que, en conjunto, apuntan a acelerar el proceso de digitalización y el uso de servicios digitales en el ámbito de la justicia.

Gracias a los dos actos legislativos de la UE adoptados, los ciudadanos y sus representantes legales podrán comunicarse con las autoridades (por ejemplo, para presentar reclamaciones, enviar y recibir información relevante) en procedimientos transfronterizos en la UE a través de un punto de acceso electrónico europeo. Las autoridades también podrán comunicarse entre sí e intercambiar datos relacionados con los casos a través de canales digitales seguros y confiables.

Las nuevas reglas permitirán

• la participación de las partes y otras personas relevantes en audiencias orales en procedimientos civiles, comerciales y penales mediante videoconferencia u otras tecnologías de comunicación a distancia
• comunicación electrónica entre personas físicas o jurídicas o sus representantes y autoridades competentes
• el reconocimiento de documentos con firmas o sellos electrónicos
• el pago de tasas a través de medios electrónicos

Estrategia de justicia electrónica

Además del reglamento y la directiva que el Consejo ha adoptado el 8 de diciembre de 2023, la UE ha patrocinado, en los últimos años, varias iniciativas legislativas en el ámbito de la digitalización de la justicia, como el reglamento sobre un sistema informatizado para el sistema electrónico transfronterizo. intercambio de datos en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles y penales (sistema e-CODEX), que proporcionó un marco adecuado para el intercambio de información judicial a través de servicios seguros; el Reglamento de Servicio de Documentos y Toma de Pruebas que establece el uso del sistema informático descentralizado con puntos de acceso interoperables basados en e-CODEX para las comunicaciones relevantes; o el reglamento sobre pruebas electrónicas, que hará más fácil y rápido para las autoridades policiales y judiciales obtener pruebas electrónicas de otro Estado miembro.

Todas estas iniciativas requerirán importantes acciones de seguimiento técnico y administrativo a nivel nacional. Para apoyar a los Estados miembros en esta tarea, el Consejo aprobó recientemente una Estrategia de Justicia Electrónica 2024-2028. La estrategia no sólo describe los principios y objetivos para el desarrollo de la justicia electrónica para los próximos cinco años. También establece acciones que los estados miembros y la UE deberían emprender para lograr estos objetivos.

Actuaciones futuras

El Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la UE y se aplicará 15 meses después de esta entrada en vigor. La Directiva exige su transposición al derecho nacional.