El Consejo acuerda su posición sobre el establecimiento de un marco para la recuperación y resolución de empresas de seguros y reaseguros (IRRD) (20 diciembre 2022)

Los representantes de los Estados miembros acordaron el 20 de diciembre de 2022 un mandato de negociación (enfoque general) sobre la Propuesta de la Comisión Europea para una directiva sobre un marco para la recuperación y resolución de empresas de seguros y reaseguros (IRRD), 22 de septiembre de 2021. Esta propuesta reforzará la Directiva Solvencia II, con el objetivo de hacer que el sector de seguros y reaseguros sea más resistente y mejorar la protección de los asegurados, los contribuyentes, la economía y la estabilidad financiera dentro de la UE. La posición del Consejo allana el camino para que las negociaciones con el Parlamento Europeo comiencen en el nuevo año, con vistas a un acuerdo sobre el texto final.

Antecedentes

El 22 de septiembre de 2021, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva de recuperación y resolución de seguros (IRRD), como parte del paquete de revisión integral de las normas de Solvencia II. La propuesta tiene como objetivo armonizar las leyes nacionales sobre recuperación y resolución de empresas de seguros y reaseguros, similares a las del sector bancario, para garantizar que las aseguradoras y reaseguradoras de la UE sigan invirtiendo y apoyen las prioridades políticas de la UE. Desde octubre de 2021, bajo las presidencias eslovena, francesa y checa, el Grupo de Trabajo del Consejo sobre Servicios Financieros y la unión bancaria debatieron la propuesta en múltiples ocasiones. En junio de 2022, la presidencia francesa presentó un informe de progreso y, en diciembre de 2022, la presidencia checa propuso un conjunto de enmiendas de compromiso para alcanzar un mandato de negociación.

Reducir los riesgos para los asegurados y los contribuyentes, y fortalecer la estabilidad financiera y la confianza en el mercado interno

Para muchas actividades sociales y económicas, es necesario tener una póliza de seguro para protegerse contra los riesgos potenciales. La quiebra desordenada de las aseguradoras puede tener un impacto significativo en los asegurados, los beneficiarios, las partes lesionadas o las empresas afectadas. Puede provocar o amplificar aún más la inestabilidad financiera e impactar en la economía real en su conjunto o requerir un recurso excepcional a los fondos públicos. Actualmente no existen procedimientos armonizados a nivel europeo para resolver aseguradoras, con diferencias sustanciales entre los estados miembros que conducen a niveles desiguales de protección para asegurados y beneficiarios.

La IRRD introduciría un régimen armonizado a nivel europeo para resolver las aseguradoras, para proporcionar a las autoridades nacionales herramientas y procedimientos de resolución similares para hacer frente a las quiebras. La propuesta requeriría que los estados miembros establezcan autoridades de resolución de seguros, garanticen una cooperación transfronteriza efectiva y otorguen a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) un papel de coordinación. El IRRD garantizaría la igualdad de condiciones entre los estados miembros y salvaguardaría los intereses de los asegurados. Además, minimizaría el impacto sobre la economía, el sistema financiero y cualquier recurso al dinero de los contribuyentes, contribuyendo a la estabilidad financiera y la confianza en el mercado interior de seguros y reaseguros.

En su posición, el Consejo acoge con satisfacción el valor de introducir un marco europeo mínimo armonizado para la recuperación y resolución de empresas de seguros, siempre que este marco sea proporcionado, se adapte al sector asegurador y contribuya adecuadamente a la protección de los asegurados y al mantenimiento de la estabilidad financiera en el mercado único de la Unión Europea. Para el Consejo es importante establecer reglas comunes y al mismo tiempo dejar suficiente flexibilidad a las autoridades nacionales para adaptarse a las especificidades de sus mercados de seguros y abordar las características de cada caso individual. Si bien las autoridades nacionales deben tener poderes suficientes para abordar de manera eficiente los incumplimientos de los seguros, se deben establecer salvaguardas para garantizar un trato justo de todas las partes interesadas, como el principio de que ningún acreedor debe salir peor parado en la resolución en comparación con una insolvencia «normal». procedimiento.

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