Los embajadores de la UE respaldan la actualización de la legislación sobre acceso a la justicia en asuntos medioambientales (Reglamento de Aarhus) (23 julio 2021)

El 23 de julio de 2021, los embajadores de la UE aprobaron un acuerdo político provisional alcanzado con el Parlamento Europeo el 12 de julio sobre una propuesta para revisar el Reglamento de Aarhus, con el fin de alinearlo plenamente con el Convenio de Aarhus. El Reglamento de Aarhus establece cómo la UE y sus estados miembros implementan la Convención internacional de Aarhus, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El acuerdo provisional está sujeto a la aprobación de ambas instituciones, tras lo cual se adoptará formalmente mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Antecedentes

La UE implementa el Convenio de Aarhus a través del Reglamento (CE) nº 1367/2006. Este reglamento permite a las personas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) iniciar procedimientos ante los tribunales europeos contra las decisiones de las instituciones y órganos de la UE. En seguimiento a una queja de una ONG en 2008, alegando el incumplimiento de la UE de la Convención de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus concluyó , en el caso C-32 de 2017, que la UE incumplió el art. 9, párrafos 3 y 4 de la Convención sobre el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Como seguimiento, el Consejo adoptó en 2018 una decisión en la que solicitaba a la Comisión que presentara un estudio sobre las opciones de la Unión para abordar las conclusiones del Comité de Cumplimiento y, si procede a la vista de los resultados del estudio, una propuesta para modificar el Reglamento de Aarhus. El 14 de octubre de 2020, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa que modifica el Reglamento de Aarhus nº 1367/2006 para permitir un mejor control público de los actos de la UE que afectan al medio ambiente. Las enmiendas propuestas tienen como objetivo facilitar la solicitud de que las instituciones de la UE revisen tales actos para garantizar mejor la protección del medio ambiente. El Consejo alcanzó un enfoque general sobre la propuesta el 17 de diciembre de 2020, lo que permitió a la Presidencia del Consejo iniciar negociaciones de diálogo tripartito con el Parlamento Europeo.

Objetivos

El objetivo de la propuesta es garantizar que la UE cumple plenamente la Convención sobre el derecho del público a revisar los actos administrativos. Se trata de actos no legislativos adoptados por una institución u organismo de la UE, que tienen efectos jurídicos y externos y contienen disposiciones que pueden, por sus efectos, contravenir la legislación medioambiental.

Los negociadores del Consejo y del Parlamento acordaron, entre otras cosas:

  • ampliar la posición legal más allá de las ONG, permitiendo así que otros miembros del público soliciten revisiones internas de los actos administrativos bajo ciertas condiciones. Los miembros del público deberán demostrar un menoscabo de sus derechos causado por la presunta contravención de la ley ambiental y que se ven directamente afectados por dicho perjuicio en comparación con el público en general; o deberán demostrar un interés público suficiente y que la solicitud sea apoyada por al menos 4000 miembros del público residentes o establecidos en al menos 5 Estados miembros, con al menos 250 miembros del público residentes o establecidos en cada uno de esos estados miembros. En ambos casos, el público estará representado por una ONG o un abogado;
  • incluir disposiciones de actos administrativos que requieran medidas de ejecución a nivel nacional o de la Unión en el ámbito de los actos administrativos; no suprimir la exención de los actos administrativos relacionados con las ayudas estatales del reglamento (una cuestión de cumplimiento cubierta por otro caso del Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus); obligar a las instituciones y órganos de la UE a publicar solicitudes de revisión y decisiones al respecto.

El texto del acuerdo provisional, aprobado por los embajadores de los Estados miembros, se presentará ahora para su aprobación a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Si se aprueba, el Parlamento Europeo y luego el Consejo adoptarán el texto en primera lectura sin enmiendas, en los próximos meses.

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